La semana pasada Hacienda informó públicamente que el SII no cuenta con cifras actualizadas de la evasión de renta; su último cálculo fue en el año 2009. Se ha verificado que a la fecha a nivel oficial solo se determina la evasión de IVA, no existiendo estudios de la evasión de renta a nivel de empresas y personas generados por el departamento de estudios de la autoridad fiscal.
La falta de una estimación oficial de cifras claves del sistema tributario que impactan la recaudación fiscal, no es solo una cuestión de falta de estadística, sino que muestra la incapacidad de identificar un fenómeno que se requiere abordar y gestionar de manera efectiva y urgente con medidas que ataquen la raíz del problema. En resumidas cuentas, el combate a la evasión y elusión es el corazón del pacto fiscal propuesto, de ahí la necesidad de contar con información lo más confiable posible en torno al monto total que el país deja de percibir a nivel de impuestos y que aumenta la brecha entre la recaudación fiscal real y la potencial.
En lo esencial es necesario conocer donde se genera la evasión y elusión, cuanto de la menor recaudación se genera en la informalidad de los negocios, en el comercio internacional del país, a nivel de pymes, grandes empresas y multinacionales o a nivel de personas. Siendo la evasión un fenómeno complejo, también tiene múltiples causas que debemos reconocer. Por lo demás, no serán las mismas medidas que se deban implementar para atacar la evasión generada por la informalidad en los negocios que la evasión de renta a nivel de empresas ya formalizadas.
Ahora bien, no contar con números confiables en esta materia genera dudas e incertidumbre respecto a la meta de un eventual pacto fiscal que busca recaudar entre 60% a 80% con medidas de combate a la evasión y elusión, pero también genera desconfianza en el sistema tributario que afecta negativamente el potencial de recaudación, tal como lo asevera el Banco Mundial en sus estudios de relación entre la confianza y los impuestos, indicando que la confianza es esencial para aumentar la recaudación de impuestos.
Contar con estimaciones no precisas de la evasión y elusión incluso pone en riesgo el objetivo de financiamiento del gasto público que pretende recaudar el pacto fiscal. No es lo mismo una meta de recaudación 1,5% del PIB sobre 7,5% del PIB de evasión de Jorrat (2020) que sobre el 4,2% del PIB que estima la CEPAL, en este último el objetivo de reducción de la evasión será más desafiante, pues implicará una disminución del 36% de la menor recaudación que se genera, además en un breve periodo.
Cabe resaltar que el dato de evasión del pacto fiscal, tiene su fuente en un estudio de Jorrat, Martner 2020, este estudio determina para el año 2018 la evasión del IVA en 21,3% equivalente a 2,2% del PIB, en impuesto global complementario un 0,8% del PIB y en renta en 49,1% de la recaudación del impuesto equivalente a 4,5% del PIB.
Al revisar el detalle del cálculo de Jorrat se contacta la necesidad de una metodología consistente y estándar, pues deja fuera de su análisis conceptos importantes para definir la base imponible potencial de impuesto renta, como es el concepto de gasto tributario (exenciones) que son los recursos que deja de percibir el fisco, por favorecer actividades meritorias para la sociedad, como salud, educación o cultura, pero también sectores estratégicos para el ahorro y la inversión que favorece a todos a través del crecimiento económico.
Siendo el gasto tributario una herramienta que todos los países utilizan para focalizar recursos a sectores y actividades meritorias de la sociedad, de ninguna manera puede ser considerado evasión, ya que su establecimiento se enmarca en leyes que promueven su uso en beneficio de objetivos de política pública. Es importante, por tanto, separar del efecto de menor recaudación fiscal el efecto del gasto tributario.
Se requiere, pues, significar la importancia de cifras oficiales de la evasión. En este sentido, se comprende que la solicitud de información de evasión que emane de la autoridad fiscal sea un requerimiento transversal, así lo manifestó en solicitud a Hacienda, el Colegio de Contadores de Chile y la propia Cámara de Diputados por medio de resolución en que solicita al Ejecutivo la elaboración de un estudio sobre la cantidad de recursos que deja de recaudar el país por la evasión y elusión tributaria.
Pero no basta con determinar la evasión, los cálculos deben ser confiables y bajo metodología estándar internacional, de modo generen consenso. Los datos deben a su vez ser determinadas sistemáticamente y con desagregación de los factores y sectores donde se genera la evasión para medir la efectividad de la acción de la autoridad fiscal en su combate.
En efecto, al comparar las metodologías para determinar la evasión de renta de Jorrat (2020) publicada en su informe Justicia Fiscal para Chile octubre 2020, se constata una metodología distinta a la utilizada por SII en la estimación de la evasión de impuesto renta, cuyo último informe fue en año 2009 y el Colegio de Contadores de Chile en 2023, lo que evidencia la falta de consistencia metodológica y la urgencia de converger a una mirada común.
Al respecto es preciso mirar las experiencias exitosas recientes, por ejemplo, la Comisión Briones que analizó el gasto tributario (exenciones) y que contó con la asistencia técnica de la OCDE y FMI, es un buen modelo de análisis a replicar en materia de evasión y elusión. Debemos concordar que el estudio del fenómeno debe ser independiente, transversal y multidisciplinario, de modo identificar la evasión objetivamente en toda su dimensión.
El desafío no es menor, IFAC International Financial Accounting Comitte muestra que la confianza en los impuestos es mucho mayor en los países desarrollados que en los países en desarrollo. Mayor transparencia de la autoridad fiscal, implica mayor confianza de los ciudadanos, es por eso que avanzar en la generación de cifras oficiales de la evasión debe estar en la base de un pacto fiscal que sin lugar a dudas debe centrarse en la confianza para generar una recaudación fiscal sostenible.
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