En las últimas semanas, hemos sido testigos de una serie de situaciones que han denotado una profunda crisis sanitaria, que había estado oculta (y que también fue agravada) por el COVID-19.
Si observamos los tres niveles del sistema de salud (financiamiento y aseguradores, prestadores y pacientes), veremos que existen problemas severos que han ido brotando –algunas veces trágicamente– en cada una de estas áreas.
Lamentablemente, la mayoría de las veces no ha sido porque no exista un adecuado diagnóstico o ni siquiera porque no hubiera consenso en los tratamientos adecuados que salir adelante, sino porque ha faltado la voluntad política del Ejecutivo y del Legislativo –conjuntamente– para concretar los cambios que llora el sistema.
En el nivel de los aseguradores y financiamiento, hemos sido testigos de las consecuencias de no haber reformado a tiempo el sistema de Isapres. Esto ha llevado a la judicialización de cualquier alza de los planes y en las últimas semanas a un dictamen de la Corte Suprema, que de ser mal ejecutado, puede causar el fin del sistema privado. Esto que dejaría a más de 3 millones de chilenos sin cobertura de salud.
Muchas veces se ha dicho –con un dejo de frivolidad– que esto no es especialmente grave, porque en las Isapres “están los más ricos”, pero nadie puede pensar que en nuestro país haya 3 millones de personas ricas. Evidentemente, la quiebra de las Isapres perjudicaría a millones de personas de clase media, con preexistencias, muchos adultos mayores, que simplemente no tendrán acceso a un nuevo seguro o que no podrán pagarlo y se verán obligados a migrar a Fonasa.
Esta situación, de paso, colapsará más aún al sector público y los casi 2,5 millones de personas en listas de espera, que tienen pendientes cirugías o una evaluación por especialista. Por desgracia, Fonasa sigue siendo una simple caja pagadora en vez de un verdadero seguro o, mejor aún, un gestor de problemas de salud que se desviva por resolver los requerimientos de sus afiliados y por mejorar la salud de sus pacientes.
En segundo lugar, con respecto a los prestadores, seguimos teniendo paupérrimos resultados en la atención de las personas. Por un lado, a nivel macro la gestión es tremendamente deficiente. Por ejemplo, en la utilización de pabellones quirúrgicos –el verdadero motor de un hospital– se están usando la mitad de las horas disponibles. Sí, como lo leyó, por cada hora que se usa un quirófano, hay otra que se pierde. Cada día, cada semana, cada año.
Como lo demostró un reciente estudio del Instituto de Políticas Públicas de Salud de la Universidad San Sebastián, si se utilizaran todas las horas disponibles de los pabellones, prácticamente no tendríamos listas de espera. Hoy son más de 300.000 personas, que en promedio esperan un año y medio para operarse.
También tenemos noticias que impactan, como la que conocimos del joven de Puerto Montt que murió en el servicio de urgencia del Hospital Regional luego de más de 12 horas de espera. Esta fatal y lamentable situación, hizo que saliera a la luz un dato escalofriante: uno de cada tres personas que debe ser hospitalizado, espera más de 12 horas para aquello. Esto es indignante.
Por último, tenemos la situación particular de la experiencia y realidad de los propios pacientes. En este punto, destacó esta semana la encuesta Cadem que mostró que la mayor parte de los entrevistados (37%) identificaron a la salud mental como el principal problema en materia sanitaria, seguido del cáncer (27%), la obesidad (16%) y las enfermedades cardiovasculares (11%). Si bien, la mayor mortalidad en Chile radica en este último conjunto de enfermedades, probablemente la compleja situación que viven las personas con enfermedades de salud mental, lleve a aumentar la percepción de importancia.
La crisis de la salud mental que vivimos en nuestro país requiere ser relevada de forma decidida. Según se exhibió en la Encuesta Nacional de Salud, incluso antes de la pandemia de COVID-19, una de cada cinco personas había tenido una enfermedad mental en el último año. Por desgracia, a esto debe sumarse la estigmatización de las distintas patologías, cuyo origen –al menos en parte– se sostiene en la poca educación que existe sobre el asunto.
Frente a este drama, existen algunas iniciativas que pueden ser muy llamativas, pero que claramente no contribuyen a resolver el problema de fondo. Un ejemplo de aquello es la pretendida creación de una Subsecretaría de Salud Mental que fue promovida hace algunas semanas por una amplia mayoría de los Diputados. Esta iniciativa, apoyada por 105 miembros de la Cámara, consistía en un proyecto de resolución que exhortaba la creación de este nuevo ente estatal, cuyo objetivo era “elaborar y monitorear el desarrollo de políticas, planes y programas para la prevención y el control de problemas y trastornos mentales, con el fin de contribuir al bienestar de las personas y a la satisfacción de sus necesidades médicas”.
Ahora bien, debemos recordar que durante los últimos años han sido muchos los organismos públicos (ministerios, subsecretarías, servicios) que han sido creados con la ilusión de que mejoraría la situación de diversos problemas, pero –más allá de instaurar más burocracia– no se ha observado un avance ostensible en temas como medio ambiente, cultura, niñez, deporte o ciencia, por nombrar algunas de las áreas donde han surgido nuevos entes estatales. De hecho, en el Minsal existen 29 Servicios de Salud. Regiones como Puerto Montt o Valparaíso tienen 3, Concepción tiene 4 y Santiago tiene 6. ¿Aquello ha contribuido para mejorar la administración de su red asistencial? Pareciera que no. Más organismos estatales no garantizan un acceso oportuno y de calidad a la salud.
Para enfrentar decididamente el drama que viven cientos de miles de chilenos con enfermedades de salud mental, pareciera más efectivo destinar recursos para incluir más patologías en el GES, multiplicar los Centros Comunitarios de Salud Mental (COSAM), la capacitación especial de médicos generales para enfrentar patologías prevalentes leves a moderadas, la formación de más especialistas y la mejor cobertura económica de la atención profesional, los medicamentos y la hospitalización, tanto en el sector público como en el sector privado.
Se trata de un problema demasiado importante como para reducir su solución a la mera creación de un órgano estatal administrativo. Si así fuera, deberíamos tener una subsecretaría para cada enfermedad relevante. Como se ha visto, la situación es especialmente compleja en todos los niveles. Nuestro sistema de salud está en la UCI y hasta ahora sólo le hemos puesto algunos paliativos. Urge avanzar decididamente a una salud sin parches, que verdaderamente sea un alivio para los ciudadanos y no parte del problema, ni agrave la enfermedad ni el sufrimiento de los pacientes.
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