La semana pasada conocimos el nuevo Plan de Intervención Dinámica para la redistribución de carabineros(as) en 17 comunas de Chile, impulsado por el Gobierno como respuesta a la creciente sensación de inseguridad de la población y el aumento de delitos de alta connotación social. A lo que se han sumado voces llamando a un acuerdo nacional en materia de seguridad.
Desde Renca hemos denunciado por años la injusta distribución recursos y de dotación policial entre las comunas del sector oriente y el resto de la ciudad de Santiago. Situación que se agrava aún más si consideramos las capacidades de los municipios para reforzar el trabajo de carabineros a través de la destinación de recursos municipales, también muy desiguales, para ofrecer servicios de seguridad municipal.
Frente a esta situación de desventaja, los alcaldes y alcaldesas del sector norponiente de la capital (Renca, Quinta Normal, Pudahuel, Cerro Navia y Lo Prado) hemos hecho un esfuerzo de articulación para poder participar e incidir tanto en el diagnóstico que sustenta este tipo de planes levantados a nivel central, como en la búsqueda de respuestas y soluciones a los problemas de seguridad de nuestras comunas a los que buscan hacer frente dichas iniciativas.
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La necesidad de coordinación de las 5 comunas de la prefectura no es antojadiza. En primer lugar, somos municipios geográficamente cercanos, con características socioeconómicas similares y que sufrimos problemas de seguridad pública comunes. La presencia de bandas de narcotráfico en nuestros barrios, el inicio de las conductas delictuales de adolescentes y jóvenes a temprana edad, altos índices de violencia intrafamiliar y la baja dotación policial, son solo algunos de los fenómenos delictivos y de seguridad que debemos enfrentar.
En segundo término, los municipios somos las unidades de organización del Estado que cuenta con mayor información contextualizada relativa a sus comunas. Lo que buscamos impulsar, entonces, es institucionalizar espacios permanentes de coordinación con las policías, con el gobierno central y regional, donde los municipios podamos participar del diagnóstico y diseño de los planes de intervención policial, aportando con información que puede ser de gran relevancia para la pertinencia territorial y efectividad de las estrategias de seguridad impulsadas desde el nivel central.
Gracias a la coordinación virtuosa entre Renca y las municipalidades de Quinta Normal, Cerro Navia, Lo Prado y Pudahuel, la Prefectura Occidente y el Gobierno Regional encabezado por Claudio Orrego, la semana pasada se concretó el proyecto formulado desde Renca para la compra de 10 nuevos vehículos policiales para patrullajes preventivos y persecución de los vehículos involucrados en delitos. Siendo una demostración de los resultados positivos cuando se suman voluntades y se empuja un trabajo coordinado y articulado con los diversos actores involucrados.
Hoy el escenario político e institucional es propicio para explorar nuevas formas de coordinación y colaboración entre los distintos niveles de gobierno (central, regional y municipal) y las policías. La invitación es repensar las políticas de seguridad pública avanzando en descentralización y articulación en los distintos niveles de gobierno y unidades territoriales para impulsar políticas de interés común, como es la falta de seguridad en nuestros barrios.
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