Esta semana, el Consejo Constitucional aprobó el informe de la Comisión Mixta, y se espera que el día lunes 30 de octubre el Pleno del Consejo lleve a cabo la votación final, y así despachar el documento a ser plebiscitado a fin de año.
Ya en la recta final de este segundo proceso constituyente, cabe mencionar que la discusión mediática y pública sobre el trabajo del Consejo ha sido intensa y desenfocada de los aspectos más relevantes de la propuesta, por lo que vale la pena conocer realmente qué es lo que quedó en el texto elaborado por el Consejo, que se votará en el Plebiscito del 17 de diciembre.
Una de las innovaciones más importantes que se incorporan al nuevo texto, es la modernización del Estado, que recoge gran parte de la Iniciativa Popular de Norma “Por un Estado sin Pitutos”, que contó con el apoyo ciudadano de más de 18.700 firmas.
En Chile, las facultades de gobierno y de administración del Estado están separadas, con el objetivo de que las decisiones estratégicas y los programas del gobierno de turno no afecten la entrega de los servicios e implementación de las políticas de Estado.
Así, la propuesta de norma mantiene esta necesaria separación, pero además, busca dar solución a los evidentes problemas y dificultades que existen en la administración del Estado –que hoy se evidencian más que nunca–, algunas como: el reemplazo de personas en cargos técnicos por cercanía política, el copamiento de los ministerios y servicios públicos con la llegada de “funcionarios de confianza”, o la transferencia de dineros “discrecionales” –sin discreción– a instituciones con afinidad política, todo lo cual dificulta que avancemos en políticas de estado eficientes.
De esta forma, se establecen criterios de contratación sobre la base de un sistema de selección público y competitivo, que privilegie el mérito y mecanismos de evaluación de desempeño y desvinculación, con el fin de contar con profesionales competentes en los cargos de administración. También estipula que la ley deberá “establecer mecanismos para las transferencias a sujetos privados (…) previo concurso público y conforme a criterios de idoneidad técnicos y objetivos”.
Por último, crea el Consejo de Evaluación de Leyes y Políticas Públicas, como un organismo autónomo y técnico, que tendrá por objeto evaluar las leyes y políticas públicas, y podrá proponer al Presidente de la República y las instituciones correspondientes, la modificación o derogación de leyes y de programas públicos que estime convenientes con base en el desempeño de estos.
Esta innovación promueve la estabilidad institucional y, por tanto, una mayor legitimidad de la sociedad para con el aparato público. Además, trae facilidades para la especialización y profesionalización tanto en el gobierno como en la administración del Estado, resultando en mayor probidad, transparencia, calidad, eficacia y eficiencia en la ejecución de las leyes y políticas públicas, concretándose parte importante de la tan anhelada y necesaria modernización del Estado.
Los cambios frecuentes en la administración, debido a los cambios de gobierno, pueden llevar, por un lado, a la discontinuidad en la prestación de programas públicos y pérdida de conocimientos acumulados.
Un ejemplo de esto es lo que ocurrió hacia el final de la pandemia, el año 2022, cuando se iniciaba el gobierno del presidente Gabriel Boric, donde el Ministerio de Salud cambió las “Fases de Apertura” de la situación por COVID-19 en el país –las que fueron ocupadas desde el inicio de la pandemia, y durante el periodo más crítico de esta–, por “Escenarios de Apertura” –cosa que ni mediática ni popularmente se entendía, y que, pareciera, solo respondió a un capricho político—.
El resultado: se confundió innecesariamente a la ciudadanía y se terminó por echar pie atrás a la medida.
Por otro lado, estos cambios en la administración también pueden resultar en casos de fraude y corrupción, como lo ocurrido en este último tiempo con el Caso Convenios, donde, por dejar la puerta abierta a que personas de afinidad política accedieran fácilmente a cargos directivos y que se adjudicaran millonarias sumas de plata sin una previa fiscalización, se generó el desfalco de aproximadamente $13 mil millones de pesos de recursos públicos, según lo recabado por la Contraloría.
En cualquier sistema democrático, la separación de los roles señalados es fundamental para garantizar equilibrio y transparencia en la toma de decisiones. Así, esto no es solamente algo favorable, sino que esencial para el buen funcionamiento de cualquier sociedad democrática.
Se privilegia, de esta forma, el desarrollo de una mirada de largo plazo, donde las leyes, políticas y programas públicos que se diseñen y se implementen sigan su curso, sin verse mermados por un cambio de mando sino que, por el contrario, beneficiando a la ciudadanía de la continuidad y resiliencia de programas y políticas públicas en el tiempo.
Resulta imprescindible establecer mecanismos que se hagan cargo de las responsabilidades que, de forma independiente, tiene cada poder, que deben resguardar el bienestar de la sociedad. Esto ayudaría a restaurar la confianza en el sistema, entregando la legitimidad que cualquier Estado democrático necesita.
Lo aprobado en el borrador de la Constitución, según lo propuesto por la IPN “Un Estado sin Pitutos”, busca garantizar la imparcialidad e independencia de los sistemas de gobernanza, y lo está haciendo toda vez que propone bases para que la autonomía en el actuar del Estado sea real y tangible, y que no esté supeditado a las voluntades de los gobiernos de turno. La separación de estos roles es esencial para garantizar gobernabilidad y que esta sea legitimada en el tiempo. Necesitamos un “Estado sin Pitutos”, ahora.
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