No era difícil anticipar que septiembre iba a ser un mes de intensa discusión pública y contraste de opiniones políticas: se cumplen 50 años del golpe de Estado que truncó nuestra democracia y abrió paso a 17 años de cruda dictadura. Ante esto, corresponde que como país conmemoremos lo acontecido y reflexionemos en torno a nuestra historia reciente. Sin embargo, lo que sí ha resultado sorpresivo es el tono y la calidad de este diálogo, en donde, lejos de avanzar, parecemos estar retrocediendo en consensos mínimos para nuestra convivencia y democracia.
El 11 de septiembre de 1983, Pinochet usó la fecha para descartar que llamaría a elecciones. Sin pudor alguno, quien ya llevaba 10 años ostentando el poder a través de la fuerza, afirmaba que lo seguiría haciendo. Sin embargo, ese mismo año, a pesar del miedo y la represión, las protestas masivas en contra de la dictadura ya estaban comenzando y las voces que exigían democracia no se apagarían hasta ganar el histórico plebiscito de 1989.
10 años después, el presidente Aylwin tuvo que enfrentar la primera conmemoración en un escenario de frágil democracia. A pesar de la decisión del gobierno de mantener un ambiente tranquilo, Pinochet, entonces Comandante en Jefe, irrumpió con crudas declaraciones, refiriéndose a las violaciones a los DDHH como que “se les pasó la mano”, causando indignación en la sociedad y el gobierno.
La conmemoración de los 30 años ocurrió durante el gobierno del presidente Lagos, quien homenajeó al presidente Allende y reabrió Morandé 80, puerta por donde fueron retirados sus restos y que luego fue cubierta por orden de Pinochet. Así, a través de la reconstrucción plena de lo que era el Palacio de la Moneda previo al golpe, se hizo un hito de recuperación de la democracia. Además, en los días posteriores, el presidente Lagos conformó la Comisión Sobre Prisión Política y Tortura, más conocida como Comisión Valech, la cual jugaría un rol clave en el esclarecimiento de los crímenes de la dictadura, determinando 40.018 víctimas y 3.065 de ellas muertas o desaparecidas.
El año 2013 el presidente Piñera sorprendió a muchos cuando, diferenciándose de gran parte de su sector político, se refirió a los “cómplices pasivos de la dictadura”. Esto no solo produjo la molestia de sus pares de derecha que tuvieron participación o cercanía con la dictadura, sino que también ofreció un marco de reflexión en torno a los 40 años del golpe, preguntando por quienes podrían haber hecho más para detener las atrocidades cometidas. Además, días después instruyó el cierre del Penal Cordillera, buscando avanzar hacia la eliminación de los beneficios remanentes para personeros de la dictadura que enfrentan penas. Esto último sigue pendiente.
La conmemoración de los 50 años nos corresponde a nosotros y, la verdad es que no hemos estado a la altura. Más allá de los hitos que tenga preparado el gobierno del presidente Boric, como el muy necesario Plan Nacional de Búsqueda, el debate nacional ha demostrado un preocupante retroceso en torno a valoración de la democracia, el rechazo al golpe y la condena a la dictadura. En tan solo unas semanas, representantes políticos han desconocido violaciones a los DDHH y han salido a derechamente justificar el golpe de Estado, insistiendo porfiadamente en la idea de que este acto violento e ilegítimo fue necesario. Esto no es tolerable.
La situación se vuelve aún más preocupante cuando los estudios de opinión pública demuestran que este tipo de posturas también han permeado a la sociedad en su conjunto, incluyendo las nuevas generaciones.
Según Pulso Ciudadano, solo un 42% se declara en desacuerdo con el golpe de Estado y solo un 43,5% considera que este acto fue injustificable. En un país basado en la democracia y el respeto a los DDHH, como el nuestro, estas cifras deberían ser mucho mayores, reflejando un aprendizaje profundo frente a nuestra historia reciente.
Entonces, la pregunta es ¿qué hacemos?
Considero que el decepcionante ambiente que se ha vivido en las últimas semanas no puede llevarnos a la renuncia ni a la inacción, y, al contrario, esto refuerza el llamado a la responsabilidad: Chile tiene una historia que debe ser contada, asesinados que merecen ser recordados, desaparecidos que esperan ser encontrados y una democracia que exige ser defendida. Para esto, considero que la fórmula debe ser insistir en el diálogo, la apertura a la diversidad y la búsqueda de transversalidad. Si bien, resulta más cómodo hablar entre personas que piensan de forma similar, solo avanzaremos si creamos espacios en donde las diversas identidades políticas se encuentren en un diálogo de reflexión respetuosa, que tenga como base ciertos consensos mínimos para la convivencia, como el respeto a los DDHH y la democracia.
En Renca, hemos decidido, junto con organizaciones de DD.HH., conmemorar los 50 años del golpe construyendo el Sendero de la Memoria, un espacio de homenaje a 72 víctimas de la dictadura que tuvieron algún tipo de vínculo con nuestra comuna. Este memorial fue pensado con un componente esencialmente público y transversal. Al estar situado en nuestra Plaza Mayor, hemos transformado el centro cívico de nuestra comuna en un espacio de memoria, haciendo que la reflexión en torno al respeto de los DDHH y la democracia sea parte de la vida cotidiana de nuestros vecinos y vecinas.
La responsabilidad es demasiado grande y los costos demasiado elevados como para no actuar. Aunque cueste reconocerlo, la verdad es que la democracia no está garantizada y si no hacemos un trabajo activo de memoria, educación y reflexión, corremos el riesgo de que su valoración siga deteriorándose. Así, estas semanas no solo tienen por objetivo una mirada hacia el pasado, sino que, por sobre todo, son condición necesaria para un mejor futuro en nuestro país.
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