El Caso Convenios aumentó sin duda la dificultad en la tramitación del proyecto de descentralización fiscal, cuestionando la capacidad de administración de gastos y transparencia de las autoridades regionales. El reciente informe de Contraloría confirmó los hechos de corrupción en convenios con fundaciones y puso en el ojo público las habilidades de gestión de los gobiernos regionales (GOREs). Sin embargo, las indicaciones ingresadas por el Ejecutivo al proyecto de ley de descentralización fiscal la semana pasada van en el sentido correcto, siendo urgente acelerar la tramitación de dicha iniciativa para avanzar finalmente en la tan anhelada descentralización.
La situación país y los casos de corrupción son un traspié para la tramitación de esta iniciativa; artículos de prensa y algunos parlamentarios sugieren que la discusión del proyecto podría retomarse una vez aprobado el presupuesto de la nación para el año 2024. No obstante, es necesario continuar con su tramitación -e idealmente de manera paralela al presupuesto-, ya que los tiempos de implementación implican que este recién entrará en vigor 16 meses después de aprobado, tiempo que las regiones no pueden esperar.
Fortalecer el rol del Consejo Fiscal Autónomo (CFA) es una de las propuestas que ha sido recomendada ampliamente en distintos seminarios e instancias en las que se ha discutido la descentralización fiscal. Su creación ha sido un aporte en materia de institucionalidad fiscal y al manejo y sostenibilidad a nivel nacional. Así las cosas, las indicaciones ingresadas por el gobierno que exigen la opinión del CFA en diversas materias elevan los estándares y responsabilidad en torno a la nueva facultad que otorga el proyecto a los GOREs. Ejemplos de esto son la necesidad de emitir una opinión respecto de los límites de endeudamiento regional y su función de monitorear y hacer seguimiento a indicadores de salud fiscal de los GOREs.
Además, las nuevas indicaciones avanzan en el sentido de incluir mayor claridad respecto de las condiciones que tendrán que cumplir los GOREs a la hora de endeudarse, limitándolo a una proporción de los ingresos totales anuales del año fiscal anterior. Con todo, la aplicación y construcción de la regla fiscal no quedan definidas en el proyecto y este podría contener precisiones más claras como resultado de una discusión y tramitación que enriquezca la iniciativa.
Por otro lado, se incluye que incumplir injustificada y reiteradamente la planificación financiera de mediano plazo se considerará una infracción grave, sin embargo, no se detalla en qué ocasiones estaría justificado incumplirla o la regla fiscal en su defecto. Lo anterior se conoce en finanzas públicas como una “cláusula de escape” y especifica casos excepcionales en los cuales un estado responsable puede incumplir la regla fiscal. Usualmente, las cláusulas de escape incluyen casos extremos como desastres naturales o crisis financieras globales, y junto con el permiso para incumplir la regla, consideran también una planificación para retomar la senda de convergencia fiscal. De esta forma, incluir, además de la sanción de qué forma se subsanarán estos desequilibrios fiscales a nivel regional, o en cuáles de ellos se considerará una cláusula de escape, y el gobierno central podrá destinar fondos para subsanar los desequilibrios regionales (ya sean de fondos de emergencia, o del mismo porcentaje que estipula los cambios en el Fondo Nacional de Desarrollo Regional del proyecto), no solo entregará señales de responsabilidad fiscal a nivel nacional, sino también dará mayor tranquilidad al actor que sea acreedor de las deudas regionales.
Asimismo, es relevante considerar las bondades de los sistemas y herramientas existentes para asegurar la sostenibilidad y consolidar las cuentas fiscales a nivel nacional. Así, las indicaciones ingresadas la semana pasada son un promisorio avance, en tanto los GOREs quedarán sometidos a la supervisión de la Contraloría General de la República, permitiendo que se mantengan dentro de la Ley de Administración Financiera del Estado (DL 1.263). De esta forma se evitaría que, por ejemplo, cada región pueda optar por un sistema de contabilidad propia, siendo incluidos en el Sistema Integrado de la Gestión Financiera (SIGFE) que abarca a los órganos del gobierno central (DL 1.263) y que permite una vigilancia eficiente tanto de parte de la Contraloría como también del ciudadano de a pie, que puede visitar la plataforma “Presupuesto Abierto” y chequear los avances de la ejecución del gasto y cierto detalle de esta, siendo sin duda una mejora en materia de transparencia y control.
Por último, las indicaciones incluyen también un mayor detalle respecto de los tiempos y plazos que debe cumplir el gobierno regional, de manera que la planificación financiera y el cumplimiento de la regla fiscal regional conversen con el presupuesto de la nación. Así, se indica que el gobernador regional someta a aprobación tanto el presupuesto regional como la planificación financiera de mediano plazo ante el consejo regional dentro de los cinco días posteriores a la publicación de la Ley de Presupuestos del Sector Público. También, se exige que en mayo de cada año el gobernador dé cuenta ante el consejo del balance y los convenios celebrados con instituciones, entre otras. Con estas indicaciones se evitaría de cierta forma -o al menos lo dificultaría- que nos encontremos nuevamente ante líos de plata por convenios con fundaciones o corporaciones.
El proyecto aún tiene áreas en las cuales progresar, así como por ejemplo avanzar hacia un proyecto autocontenido, en el que se especifique la regla fiscal que se aplicará a las regiones junto a sus indicadores. Sin embargo, las indicaciones ingresadas avanzan en el sentido correcto, tanto en materia de control y transparencia, como de responsabilidad y consolidación fiscal a nivel nacional. De esta forma, complementan al proyecto inicial de manera de evitar -hasta cierto punto- que las nuevas facultades de los GOREs signifiquen un desvío de la senda de convergencia fiscal y provoquen nuevos casos de corrupción. A su vez, la tramitación del proyecto, y la discusión política y fiscal que ella conlleva, permitirán que la iniciativa se enriquezca y se haga más expedito el proceso legislativo.
Es necesario avanzar con la tramitación y evitar que se entrabe en una discusión política que se aleje del fondo del asunto y se centre en los escándalos de corrupción que involucran a autoridades regionales. Las regiones necesitan más libertad y autonomía en la toma de decisiones, de manera que las inversiones y proyectos que se lleven a cabo emparejen la cancha para mejorar la calidad de vida de sus habitantes. Posponer la tramitación de esta iniciativa sumaría un nuevo proyecto que duerme en los laureles del Congreso, además de un freno a la descentralización que todas las regiones esperan.
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