Demás está decir que aquello denominado como el “corazón” de la reforma de pensiones es un órgano vital que parece nunca logró latir. Los acuerdos alcanzados por el oficialismo con el grupo de diputados no alineados no fueron suficientes para aprobar el 6% adicional, y con eso ni siquiera se llegó a discutir su destino, dejando entrever que la discusión de cara al Senado será más árida y difícil de zanjar.
A pesar de la minoría evidente con la que cuenta el Ejecutivo en la Cámara Alta, la oposición se ha mostrado dialogante. Senadores como Cruz Coke y Chahuán han emitido comentarios que sugieren su disposición a conversar. A su vez, Moreira, miembro de la Comisión de Trabajo, podría jugar un rol clave en la discusión venidera, como lo fue en los acuerdos alcanzados en el marco de la reforma por las 40 horas.
Sin embargo, el oficialismo no ha mostrado la misma disposición al diálogo (sin ánimo de generalizar). De hecho, presenciamos escenas como el gran “ibañazo” (bautizado así por Paula Escobar en una columna reciente), casi forzando a sus colegas del Partido Demócratas a aprobar una propuesta y no dejarse llevar por un supuesto conflicto de interés de la presidenta de su partido, y los dichos de la ministra de Trabajo y Previsión Social respecto de que esta vez sería el turno de la oposición de ceder, porque el ejecutivo ya habría cedido suficiente.
Ante la adopción de esta firme postura de cara a la tramitación de un proyecto que comienza su segunda instancia con un corazón que no logró la aprobación en la Cámara de Diputados, y en un Senado en que los escaños opositores abundan, cabe preguntarse si la ideología superará una vez más los aspectos técnicos, el Gobierno no cederá en este supuesto 3-3 que están proponiendo y nos enfrentaremos a una reforma previsional con un corazón que no late, incapaz de superar las instancias necesarias para convertirse en ley.
La necesidad de mejorar las pensiones de los jubilados actuales mediante algún tipo de solidaridad es innegable. Pero hacerlo mediante la propuesta actual, que sin duda será dañina para la clase media que está comenzando a cotizar con un empleo formal, es difícil que logre su aprobación. El corazón de la propuesta además carece de transparencia; realmente la división no es un 3-3, sino un 2,1-0,9-3, estando este último 3% dirigido a reparto, y con solo el 2,1% enterándose íntegramente en las cuentas individuales de los trabajadores, sin condiciones. Así, la clase media que vaya surgiendo al incorporarse al empleo formal podría no ver enterado ni siquiera 3 puntos de cotización por completo a sus cuentas individuales.
Estudios de expertos sobre el tema han demostrado cómo un mayor porcentaje a cuentas individuales sería más efectivo en elevar las pensiones, además de poner menos trabas e incentivos perversos a la menor cotización e informalidad. Este punto es algo que también el proyecto flexibiliza, permitiendo a los trabajadores independientes no aumentar su cotización en estos 6 puntos adicionales, amparándose en el hecho de que este aumento será pagado por los empleadores. Sin embargo, en el largo plazo, y dada lo inelástica de la oferta de trabajo, esto recaerá sobre los hombros de los más vulnerables.
Un tema que el espectro político no se ha atrevido a tocar es la edad de jubilación. Las mal entendidas tablas de mortalidad, que consideran -con una muy baja probabilidad- que se pueda vivir hasta los 110 años, de ser revisadas, probablemente no se ajusten a la baja. Sí se podría bajar estos 110 años, pero en promedio, los chilenos estamos viviendo más cuando ya llegamos a la edad de jubilarnos.
Esto es especialmente preocupante al estudiar la baja tasa de natalidad, con un 2023 en que se registró el menor número de nacimientos de la última década. En el futuro, el envejecimiento de la población dificultará la propuesta de solidaridad intergeneracional que plantea el proyecto. El castigo que suponen las políticas públicas en rigor para la maternidad -y no así la paternidad- hacen que las mujeres tengan que elegir entre trabajar -y eventualmente cotizar- y ser madres.
Lo que estaremos aportando los trabajadores de hoy para los jubilados actuales probablemente no podrá ser igualado por los cotizantes de las próximas décadas, cuando nosotros seamos los pensionados. Es probable que, en unas décadas, al evaluarse la fórmula de esta reforma, quede obsoleta y se tenga que reevaluar el financiamiento de esta solidaridad.
¿Se evaluará un nuevo impuesto al trabajo? ¿La PGU financiada como lo está actualmente dejará de ser una mala idea? En un país en el que el PIB per cápita no crece, en el que el promedio de los empleados gana $700 mil y en el que aquellos que ganan menos de $825 mil quedan exentos del impuesto a la renta, una informalidad que crece y una población que no, pensar en financiar pensiones de futuros jubilados con cotizaciones de eventuales trabajadores formales se vuelve un desafío mayor.
No se puede dejar de mencionar la polémica que ha enfrentado a un grupo de expertos respecto de las tasas de reemplazo. ¿Vale la pena enfrascarse en esta discusión si la reforma en cuestión ni siquiera es capaz de proyectar la tasa de reemplazo que se alcanzaría de ser aprobada? Lo que sí se puede afirmar con certeza es que las pensiones son insuficientes, y probablemente sigan siéndolo -en una menor medida- con la fórmula que plantea el Gobierno.
Más allá del bajo porcentaje que se destinaría a las cuentas individuales, los riesgos que supone el gobierno corporativo del también rechazado Inversor de Pensiones del Estado abren otro foco de preocupación. El bajo nivel de autonomía que significa la renovación simultánea (y no sucesiva) de sus miembros, así como el respaldo estatal que podría derivar en una disminución de la competencia pudiendo manipular artificialmente costos y comisiones y competir en desigualdad de condiciones, serían amenazas potenciales para los futuros pensionados de materializarse algún riesgo por intereses políticos.
Aun cuando algunos no lo hayan pintado así, la mejora de las pensiones -actuales y futuras- es de interés transversal, y por esto hay que avanzar en medidas que tengan un corazón que late. Si no hay consenso, se debe negociar hasta que lo haya, y si esto implica incluir más incentivos a la formalidad, financiar la solidaridad de manera complementaria con gasto público (con sus respectivos ingresos fiscales), mantener un sistema donde prime el sector privado debidamente regulado y sin espacio a las fallas de mercado, que así sea.
Con todo, tendremos que esperar a marzo a que se retome la discusión para evaluar si tanto el oficialismo como la oposición hacen lo posible para avanzar en esta materia.
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