La encuesta CEP publicada en enero de este año nos vuelve a mostrar que las pensiones se ubican en el top tres de los problemas que el gobierno debería hacer un mayor esfuerzo por solucionar. Así, en medio de la crisis que vive desatada por el Caso Convenios, la semana pasada se retomó la discusión de la reforma previsional con la votación de las normas espejo. A pesar de la urgencia de mejorar las pensiones, el proyecto avanza a paso lento en el Congreso, evidenciando su maximalismo, la falta de acuerdos y de voluntades políticas.
La demora en la tramitación se puede atribuir a una serie de factores, entre ellos la inexperiencia política del Gobierno que, a pesar de varios cambios de gabinete, en cada reforma importante nuevamente sale a la luz. Apurar la votación de un proyecto sobre el cual no se ha llegado a acuerdo, disminuye significativamente las probabilidades de que sea aprobado. Esto quedó en evidencia con la votación de las llamadas normas espejo que, a pesar de ser aprobadas, fueron votadas en contra por la oposición, argumentándose que podrían ser el inicio de la derogación del DL 3.500. Luego de la discusión, el diputado Alberto Undurraga (DC) declaró que a ese ritmo la comisión requeriría de 84 sesiones para aprobar el proyecto, lo que demuestra que apurar la votación sin antes llegar a acuerdos no lleva a una tramitación expedita de la ley.
La falta de experiencia política también quedó en evidencia en la reunión que el Ejecutivo tuvo el viernes pasado con la oposición para discutir materias de pensiones. Si bien la ministra del Trabajo se comprometió a escuchar las propuestas de cada partido, recibiendo a sus expertos durante esta semana, el Ejecutivo no logró que ni la UDI ni Republicanos firmaran el protocolo de acuerdo, mostrando nuevamente ingenuidad política de su parte. En tanto, parte de la oposición tampoco ha mostrado voluntad de ceder ni negociar, con comentarios de presidentes de partidos que han contradicho lo que se discute en el Congreso.
Tras el encuentro, las declaraciones de la ministra Jara dejaron entrever que el Gobierno estaría dispuesto a asignar dos puntos porcentuales del 6% extra de cotización propuesto en el proyecto a las cuentas individuales. Además, afirmó que no van a perseverar con las cuentas nocionales, lo que sugiere algo de voluntad política sobre una propuesta con la que pocos estaban de acuerdo. Sin embargo, cabe preguntarse si los dos puntos extra de cotización adicional a cuentas individuales serán suficientes para los cotizantes y futuros pensionados.
Dentro de las 15 iniciativas populares de norma más votadas en el marco de la discusión constitucional, dos de ellas estaban asociadas a los fondos de pensiones. En particular, abogaban por la libertad de elegir el administrador de dichos fondos, asegurar la propiedad sobre estos, entre otros factores principalmente asociados a una mayor libertad. Si bien no hay discusión respecto de la necesidad de una mayor tasa de cotización, es inevitable pensar en ello como un impuesto al trabajo. Ya sea lo pague el empleador o el empleado, este tipo de medidas elevan el salario bruto para mantener líquido y es natural que las personas deseen que al menos la mitad de ese recargo se vaya a ahorros para su propia vejez.
Cabe recordar también que, durante el año 2020, en la tramitación de la reforma previsional ingresada durante el segundo gobierno de Sebastián Piñera, se había llegado a un acuerdo con la Democracia Cristiana de un 6% de cotización adicional, asignando la mitad a cuentas individuales y la mitad a solidaridad. Teniendo el antecedente de este acuerdo, prosperar con base en esto facilitaría la tramitación del proyecto y haría más rápida la obtención de mejores pensiones.
Además, la última Cadem nos muestra nuevamente que lo que queremos las personas difiere de lo que el Gobierno intenta imponer; el 80% quiere libertad de elección entre una AFP o una institución estatal, 90% espera que los fondos sean heredables, 40% cree que asegurar una PGU de $250 mil pesos financiada por el Estado es la principal prioridad y solo 12% quiere que el 6% extra de cotización vaya en su totalidad a un fondo común solidario. Es decir, queremos libertad, mayor competencia en el sistema de pensiones y que se nos asegure la propiedad de nuestros fondos.
Con respecto a la solidaridad del proyecto, se plantean medidas inter e intrageneracionales. No obstante, la PGU comenzó solucionando el problema de la pobreza extrema en la edad de jubilación, y con esto cabe preguntarse si es necesaria y factible la solidaridad intergeneracional, considerando que la pirámide poblacional en Chile se invierte cada vez más. En este contexto, es necesario considerar el seguro de longevidad propuesto por la oposición para aquellos pensionados que superen los 85 años y que se integre al seguro de cotización extra. Dado que los gastos se elevan en la cuarta edad, por necesidades médicas, de cuidado, entre otras, y por la importante deuda de la sociedad con los ancianos, destinar parte del componente solidario a ese seguro es algo con que probablemente gran parte de los chilenos estaríamos de acuerdo.
Con respecto a la solidaridad intrageneracional, el proyecto podría ser más específico sobre qué pensiones se están complementando. Al respecto, hay consenso en el hecho de que las pensiones de las mujeres se podrían complementar, dado que históricamente han sido más bajas por las lagunas laborales con las que cargan por responsabilidades familiares o de cuidado y por la menor edad de jubilación.
Este último es un tema que ningún gobierno se ha dispuesto a tocar; la edad de jubilación. La población de Chile envejece, la esperanza de vida aumenta, y las mujeres vivimos en promedio cinco años más que los hombres. Que nos jubilemos cinco años antes parece ser contraproducente, bajo el supuesto de que se siga avanzando en medidas de corresponsabilidad parental, y que gradualmente las mujeres vayamos teniendo las mismas responsabilidades que los hombres dentro de los hogares y las familias, y no más. Si bien esta medida es impopular, hemos visto cómo gobiernos en el mundo han logrado avanzar en este tipo de iniciativas cuando el sistema de pensiones existente se acerca al borde del colapso.
Por último, pero no de menor importancia, está la ausencia de protagonismo que ha tenido la tasa de reemplazo en la discusión. Chile tiene una de las tasas de reemplazo más bajas de los países OCDE, junto con uno de los menores sueldos promedio, las que son dos de las grandes causas de las bajas jubilaciones.
El tono de las declaraciones luego de la reunión del martes en el Ministerio del Trabajo fue positivo; el Ejecutivo habría presentado una propuesta de reorganización de la industria y el viernes se discutirá el destino del 6% adicional. Incluso con las voluntades políticas, es difícil lograr la aprobación de un proyecto de este calibre. El llamado es a que el Ejecutivo considere las voces de la ciudadanía y opte por una tramitación dividida de las iniciativas contenidas en el proyecto, de manera de simplificar y avanzar en las que sean realmente prioritarias.
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