Como caballos en una carrera partió el año legislativo esta semana tras un mes de receso. El Gobierno ya ha dejado claras sus prioridades y su agenda, pero es válido cuestionarnos cómo conversa lo que el Ejecutivo quiere lograr con la realidad del país.
2023 nos dejó un sabor amargo, sobre todo en términos económicos, con una contracción de la actividad del orden de 0,2% y una disociación económica respecto del resto del mundo. Durante el año pasado observamos que países como EE.UU., China, y también pares regionales como México y Brasil, cerraron 2023 con un crecimiento económico que terminó siendo más alto del que estaba previsto.
¿Por qué la tendencia de Chile divergió tanto del resto del mundo? Por un gran número de razones, entre las cuales destaca la falta de certidumbre que le trajeron al sector productivo los cuatro años de proceso constituyente, la ausencia de acuerdos políticos, y sin duda, la inseguridad.
Es así como las prioridades legislativas que se ha propuesto el gobierno para este periodo que comienza parecen conversar poco con la realidad del país.
Comencemos con la reforma de pensiones, que logró salir de la Cámara de Diputados, aprobada en general, pero con un aspecto primordial rechazado; los seis puntos de cotización adicional, y por ende su destino. La reforma, tal como está planteada, daña de manera sustantiva a la clase media, aquella gran porción de la población que con su crecimiento y avance permitió convertirnos en uno de los países más desarrollados de América Latina.
El diseño de la reforma destinará menos de la mitad de la cotización adicional a cuentas individuales de aquel porcentaje que se considera más rico. Lo que esta iniciativa no toma en cuenta es que parte de este incluye a la clase media emergente que, si bien tiene condiciones de vida “elevadas” en comparación al promedio del resto del país, no llega a jubilarse con ahorros significativos adicionales a los que destinó de manera obligatoria al sistema de pensiones, careciendo de formas con las que complementar su pensión.
Otra de las medidas incluidas en las prioridades legislativas para el comienzo del trabajo del congreso es el pacto fiscal, o en palabras simples, una serie de reformas tributarias. Antes de cuestionarse si las medidas van en sentido correcto o no, vale la pena destacar el informe de Moody’s respecto a nuestro país con el cierre fiscal de 2023. La calificadora alertó de la incapacidad del Estado de Chile de aumentar los ingresos fiscales. Su sensibilidad al ciclo económico -entre otros factores- quedó en evidencia el año pasado, en el que los ingresos fiscales cayeron más del 12% real.
Dicho lo anterior, ¿vale la pena perseguir la aprobación de proyectos de ley que obstaculicen el crecimiento económico? ¿Serán estas medidas más eficaces en aumentar los ingresos del fisco que una mayor expansión del PIB?
La evidencia sugiere que las respuestas a estas preguntas son un rotundo “no”, partiendo por un informe realizado por el SII que muestra números exorbitantes de evasión y elusión tributaria, lo que nos lleva a pensar que la recaudación adicional proyectada por la eliminación de exenciones y las normas antielusión puede estar sobre estimada. Algunas de estas exenciones han logrado además demostrar tener un impacto multiplicativo en el crecimiento económico, como lo es el caso de los fondos de inversión. De acuerdo a un estudio de Clapes UC, esta industria ha creado entre 87 mil y 100 mil empleos en los últimos ocho años y ha aportado 19% al crecimiento total del PIB per cápita, equivalente a 1.2 puntos porcentuales del 6.2% que se expandió entre 2014 y 2022.
Otra de las medidas que puede ser dañina para el mercado de capitales es el aumento del impuesto a las ganancias de capital en operaciones bursátiles, que hoy es de un 10%. El Gobierno se ha escudado en que esta iniciativa se impulsaba en el informe de la comisión Vergara. Sin embargo, la ley aprobada para financiar la PGU eliminó esta exención, creó el gravamen que existe actualmente y fue posterior al informe de la comisión antes mencionada.
El mercado de capitales, si bien suena como algo al que solo un grupo de privilegiados pueden acceder, ya no es así. El desarrollo de las Fintech y una serie de aplicaciones permite a todos los ciudadanos ahorrar pequeños aportes y poder invertir en el mercado de capitales. Además de agregar que es una forma de financiamiento para las empresas para, por ejemplo, realizar proyectos de inversión. Sin embargo, desde 2019 con el estallido social, COVID, retiros de fondos de pensiones -apoyados por gran parte del gobierno actual-, entre otros, la capitalización bursátil pasó de representar casi un 80% del PIB en 2019 a un escueto 56% en 2023, subiendo parcialmente desde el 53% al que llegó en 2021. Un nuevo impuesto a las ganancias de capital de las transacciones bursátiles no solo ralentiza la recuperación de la profundidad del mercado de capitales, sino que también detracta el crecimiento económico.
El objetivo del gobierno actual es claro: lograr aumentar los ingresos fiscales para poder llevar a cabo parte de su programa. No obstante, tras una serie de intentos fallidos de su parte, es necesario reflexionar si los chilenos queremos realmente que este programa se ejecute. La eficiencia del gasto público en Chile es baja, y eso no es solo culpa de este gobierno, pero demás está mencionar la contratación desmedida, los favores políticos e incluso los casos de corrupción que hemos conocido últimamente.
Tal es la ineficiencia estatal que el índice de Gini, que mide la desigualdad en la distribución del ingreso (y se distribuye entre 0 y 100%, siendo menor para países con menor desigualdad) bordea en Chile el 48% según la CASEN de 2022. Esto solo considerando los ingresos por trabajo de los hogares del país. Al incluir en esta medición los impuestos, subsidios y transferencias realizados por el Estado, el índice disminuye solo al 47%. Es decir, el Estado es capaz de mejorar la distribución de los ingresos solo en un 1%.
Por último, pero no menos importante, está la crisis de seguridad, ampliamente nombrada como la preocupación número uno de los chilenos y chilenas en un sinnúmero de encuestas. Lo que se está viviendo en el país evidencia la baja eficiencia del gasto público. Sensación de inseguridad al alza, importación de crímenes que no conocíamos en este país, aumento de la violencia, fuente innegable de desigualdad y obstaculización del crecimiento económico. Más allá de la gravedad del impacto de este fenómeno en el diario vivir de la sociedad chilena, también es una fuente de pérdida de ingresos fiscales. Significa un gran número de personas que residen en Chile y operan al margen de la ley, recibiendo ingresos de manera ilegal, creando daños que impactan de manera emocional a las víctimas y sus seres queridos.
El inicio de la actividad legislativa de 2024 nos permite cuestionarnos la calidad de las decisiones que toma la clase política en el país. Las primeras sesiones sugieren que la desconexión es evidente y que la vocación de servicio para que el país prospere parece haberse diluido, predominando la ideología en la discusión.
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