Recientemente, con una gran mayoría en la Cámara de Diputados, y a pesar de la oposición del oficialismo, aprobamos la llamada “Ley de usurpaciones”, una normativa que moderniza la actual legislación y eleva las sanciones para quienes cometan este tipo de delito, que lamentablemente se hace cada vez más común en el país. Particularmente, este proyecto lo que hace es fijar nuevas penas para las personas que se tomen terrenos y establece medidas efectivas de restitución de estas propiedades.
En la Región de Valparaíso tenemos emblemáticos ejemplos de usurpaciones de terrenos, lo que finalmente se transforma en un problema para toda la comunidad, como fue el caso de la llamada “toma Vip” en Colmo, la cual recientemente fue desalojada con el uso de la fuerza pública tras permanecer tomada por más de 15 meses, donde incluso se denunció que había personas con segundas y hasta terceras viviendas haciendo uso ilegal de estos terrenos.
De acuerdo a datos entregados por el Ministerio Público, las investigaciones por tomas de terreno en el Gran Valparaíso aumentaron en el período de un año (2021-2022) en un 67%, pasando de 51 a 85 causas por estos hechos, cifras que van en incremento, y el panorama se vuelve bastante oscuro si es que no tomamos medidas en el corto plazo. Lo que es más preocupante aún es que de acuerdo al catastro de las autoridades, hay al menos 16 tomas en la región ubicadas en terrenos fiscales destinados precisamente a la construcción de viviendas sociales o proyectos como centros de salud, por lo que el daño que se hace a todos los habitantes es tremendo, más todavía considerando el enorme déficit habitacional.
Muchas veces el delito de usurpación está relacionado con bandas criminales que se aprovechan de la necesidad de la gente para comenzar a lucrar con estos terrenos y actualmente ocurre que los propietarios quedan en total indefensión ante la ley y los procesos judiciales para ordenar un desalojo son demasiado lentos. Por lo mismo, es importante que ellos tengan también las facultades y la protección de la ley para hacer valer el derecho a su propiedad.
La violencia viene de parte de los grupos criminales que se dedican a tomar estos terrenos para hacer negocios. Recordemos el caso del empresario de Concón, Alejandro Correa, asesinado por un sicario enviado por personas que mantenían tomado su predio. En este contexto, esta ley es fundamental, porque este es un delito grave que se está haciendo cada vez más común en el país y particularmente en la región.
No me extraña la oposición de la ultraizquierda a esta iniciativa, porque siempre les ha temblado la mano en materia de seguridad y el Gobierno bien responde a su sector, anunciando un veto presidencial para retrasar aún más la salida de este proyecto. Claramente, el Ejecutivo ha estado al debe en este tema: hay tomas gigantescas en la región que ya deberían haber sido desalojadas con la fuerza del Estado, pero ahí están a vista y paciencia de las autoridades.
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