Uno de los tantos escándalos políticos de esta semana es el caso de la doble vida de una funcionaria del Ministerio de Cultura. Conocida en sus labores en el aparato estatal como Claudia Soto, a su vez, respondía al nombre de Gloria Bascuñán al liderar una ocupación de terrenos en Cerro Navia. De tal forma, al mismo tiempo que recibía un generoso salario en el Estado, procuraba representar a los habitantes de una toma ilegal en contra de su empleador.
La situación merece ser examinada. Aunque las tomas ilegales han sido una realidad persistente desde los inicios de nuestra vida republicana, el fenómeno ha experimentado un aumento significativo en los últimos años. Esto puede explicarse por una combinación de crisis económica, migración y deterioro del Estado de derecho. Si las medidas del Estado han sido lentas e ineficientes contra delincuentes identificables, era previsible que sería más difícil abordar el problema con una alta afluencia de personas difíciles de individualizar. Dicho en buen chileno, “el chancho está tirado”. De ahí que las tomas se hayan convertido en una realidad cada vez más extendida, afectando por su nivel de crecimiento no solo a quienes residen ahí, sino también a sus comunidades más cercanas.
La relevancia del caso de Claudia Soto radica en que señala fenómenos que no han sido investigados a cabalidad. ¿Existen, acaso, más vínculos entre funcionarios del Estado y usurpadores? ¿Por qué las fuerzas políticas se han demorado tanto en tomar acciones frente a la ocupación ilegal? ¿Por qué ciertos parlamentarios de izquierda se oponen a penalizar las ocupaciones ilegales? Vale la pena recordar que, durante su aprobación en la Comisión de Seguridad Ciudadana de la Cámara Baja, el proyecto de ley que penaliza este delito con cárcel recibió los votos en contra de Maite Orsini (RD), Mercedes Bulnes (independiente-FA), Alejandra Placencia (PC) y Jaime Araya (independiente-PPD). El argumento para oponerse en esa ocasión era que la norma “criminalizaba la pobreza”. En los términos de Orsini: “No es lo mismo una ocupación abusiva de un terreno que una ocupación por necesidad”.
Sin embargo, en Chile ser pobre no constituye delito. Es cierto que existen diferentes tipos de ocupaciones ilegales, pero lo que se busca prevenir es la operación de mafias inmobiliarias y la propagación descontrolada de este tipo de ilícitos. En otras palabras, se intenta perseguir a grupos que operan al margen de la ley, generalmente vinculados al narcotráfico y que obtienen grandes sumas de dinero repartiendo terrenos que no les pertenecen. Estas organizaciones lotean, demarcan, crean villas, venden y se expanden. Su impacto es corrosivo y, a pesar de eso, pareciera que siguen generando dinero bajo la protección de personal del Estado, porque ese es precisamente el modus operandi de las mafias: crear redes a todos los niveles posibles.
El forado informativo es tremendo: ¿Quién vive en dichas tomas? ¿Quién las representa? ¿Sus dirigentes tienen vínculos con funcionarios del Estado? Claudia Soto, por ejemplo, no vivía en la ocupación que lideraba. Simplemente, la buscó como si se tratase de un artículo disponible en el mercado. Así encontró la 17 de mayo en Cerro Navia. Una vez instalada ahí, se transformó en Gloria Bascuñán. Todo indica que no la movía el puro altruismo. ¿Qué negocios se estaban haciendo en ese lugar? ¿Qué tan cooptado está el Estado y el nuevo gobierno por activistas similares?
Como no firman ningún contrato para asegurar sus pagos y obligaciones, estas mafias aseguran sus intereses bajo amenaza y coerción. De hecho, el caso del carabinero asesinado en las afueras del Teatro Caupolicán se originó precisamente en una casa tomada. En lo que hay acuerdo es que nadie sabe qué ocurre realmente en esos espacios. Si en un inicio se les prestó poca atención debido a su supuesta condición de marginalidad, el problema dejó hace rato de ser un asunto vinculado exclusivamente a la pobreza.
La tarea que enfrentamos con respecto a la regularización y reasentamiento de algunas tomas es titánica. Si deseamos que las familias que residen en nuestro país cuenten con condiciones mínimas que otorguen cierta dignidad, debemos evitar la proliferación de nuevas ocupaciones ilegales. Es momento de que se invierta el dinero en soluciones habitacionales concretas y se elabore un plan de acción con plazos determinados. Debemos recordar que este no es, como algunos quieren plantearlo, un conflicto entre Estado y familias vulnerables, sino una disputa entre el Estado y mafias que se enriquecen por la desesperación de otros.
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