La investigación de la Superintendencia de Pensiones por la caída de los Fondos D y E podría derivar en querellas criminales por administración desleal contra las AFP, además de eventuales sanciones administrativas.
Esto, en un contexto en que ambos fondos, considerados los más conservadores del sistema, acumularon rentabilidades reales negativas de 6,38% y 10,39%, respectivamente, entre enero y septiembre de 2026.
Lo anterior derivó en que la superintendencia abriera procedimientos sancionatorios contra las siete AFP para investigar posibles incumplimientos, sin que hasta ahora se hayan acreditado infracciones.
Bajo este escenario, el fiscal del organismo, Mario Valderrama, señaló en conversación con Diario Financiero que los resultados de la investigación podrían servir de fundamento para acciones judiciales.
“Lo que resolvamos nosotros puede ser perfectamente un insumo para las demandas civiles. Veo poco probable que sean demandas civiles por lo largo de los procesos, pero sí, sin duda, querellas criminales por administración desleal“, afirmó.
El abogado explicó que estas acciones dependerán de los antecedentes recopilados y de los resultados de los procedimientos administrativos. Además, precisó que los directores de las AFP podrían enfrentar responsabilidades judiciales por los perjuicios ocasionados a los fondos.
Respecto de las sanciones administrativas, Valderrama indicó que la Superintendencia puede aplicar medidas que van desde una censura hasta multas de UF 15.000 (unos $618 millones) e incluso la cancelación de la existencia de una administradora.
Finalmente, aclaró que todavía no se han formulado cargos contra las AFP y que el organismo continúa analizando los antecedentes.
Si se inicia un procedimiento sancionador, las administradoras tendrán 10 días hábiles para presentar sus descargos. La tramitación contempla un plazo máximo de nueve meses.
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