(Agencia Uno) – Tras el voto afirmativo en la Cámara de Diputados, el Senado de Argentina comenzará a debatir mañana martes si aprueba la legalización y despenalización del aborto, en una votación que se prevé ajustada y cuyo resultado final no está claro.
En 2018, el Senado estuvo en una situación idéntica y votó en contra de la legalización de la interrupción del embarazo. Sin embargo, los cambios en la composición de la Cámara y que esta vez el proyecto de ley haya sido enviado por el gobierno podrían suponer que la balanza se incline a favor de la legalización y la despenalización en esta ocasión.
Las “verdes” -por el color del pañuelo que llevan las mujeres a favor de la legalización- y “celestes” -que identifica a las que están en contra- han vuelto a ser convocadas para ocupar las calles durante la votación y presionar así a los pocos senadores que permanecen indecisos.
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“Está todo muy justo. Yo creo que estará todo bien, pero yo hasta que no vea qué vota qué en todo el momento. Supuestamente hay un grupo de senadores indecisos (…) hay mucho hermetismo en el Senado“, ha explicado a Europa Press Mariela Belski, la directora ejecutiva de Amnistía Internacional Argentina, una de las organizaciones que apoya el proyecto.
Según los cálculos de medios como el diario local Clarín, 33 senadores votarán a favor del aborto legal y 32 en contra, mientras que cinco permanecen indecisos y dos estarán ausentes.
En Argentina, son legales las interrupciones del embarazo en casos de violación o que pongan en peligro la salud de la mujer. Fuera de esta lista de causales, el resto de abortos son un delito penado con la cárcel, algo con lo que este nuevo texto legislativo busca terminar.
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Con el nuevo proyecto, las mujeres argentinas de más de 16 años podrán abortar de manera legal durante las 14 primeras semanas de gestación tras firmar un consentimiento informado por escrito.
Belski ha calificado como “muy bueno” el proyecto al que considera “superador” respecto a otras leyes de aborto legal aprobadas en Latinoamérica.
Además, el proyecto de ley obliga a todos los hospitales a tener un médico que esté dispuesto a practicar un aborto y a practicarlo en un plazo de diez días tras la solicitud.
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