(EFE) – Este lunes, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, firmó una orden ejecutiva para imponer un arancel del 50% a la mayoría de los productos importados desde Canadá, medida que entrará en vigor dentro de treinta días y excluye, entre otros, la energía, la potasa, los minerales críticos y el pescado.
Este impuesto adicional se une al régimen arancelario vigente desde febrero, cuando Trump impuso un gravamen general del 10% después de que la justicia suspendiera los aranceles implementados en virtud de leyes de emergencia.
La nueva medida mantiene exentos productos como la energía, la potasa, los minerales críticos y el pescado, pero alcanza a algunos protegidos hasta ahora por el tratado con Estados Unidos y Canadá (T-MEC).
En su cuenta de Truth Social, Trump había amenazado a Canadá, el viernes pasado, con nuevos aranceles por el humo de los incendios forestales que afectó el norte y el este de Estados Unidos durante el fin de semana.
El mandatario republicano acusó al Gobierno canadiense de no gestionar adecuadamente sus bosques y sostuvo que el humo de esos incendios ha deteriorado la calidad del aire en territorio estadounidense, con un costo “incalculable”.
Los incendios forestales registrados este verano en las provincias canadienses de Manitoba, Saskatchewan y Ontario generaron extensas columnas de humo que alcanzaron varios estados del norte de Estados Unidos, al afectar la calidad del aire y provocar alertas sanitarias en ciudades del Medio Oeste y el noreste del país.
Sin embargo, la Casa Blanca justificó la decisión de hoy al afirmar que Canadá mantiene prácticas comerciales que considera “perjudiciales” para Estados Unidos, entre ellas restricciones al acceso de productos lácteos estadounidenses, elevados aranceles a determinados bienes agrícolas e impuestos sobre servicios digitales, además de haber respondido con represalias a anteriores medidas comerciales adoptadas por Washington.
Así mismo, el texto endurece las sanciones contra el transbordo de mercancías para eludir los aranceles, al asegurar que los bienes que sean desviados a través de terceros países para evitar el pago del gravamen estarán sujetos a un arancel adicional del 40%.
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