(EFE) – El Gobierno de Perú publicó este jueves un decreto que autoriza a los trabajadores formales del país a retirar, de manera extraordinaria, hasta 20.600 soles (unos 5.500 dólares o cerca de $5,2 millones) de sus cuentas individuales en las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP).
La ley que permite el retiro de hasta cuatro unidades impositivas tributarias (UIT) fue publicada en el boletín de normas legales del diario oficial El Peruano un día después de que el ministro de Economía y Finanzas, José Arista, anunciara que el Ejecutivo no se iba a oponer a esa decisión, que fue aprobada la semana pasada por el Congreso.
El decreto precisó que la Superintendencia de Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones (SBS) elaborará un reglamento con el procedimiento para el retiro de los fondos “en un plazo que no excederá de quince días calendario contados a partir de la entrada en vigor de la ley”.
Agregó que los afiliados recibirán un primer desembolso de una UIT, equivalente a 5.150 soles (cerca de $1,3 millones), un mes después de presentada su solicitud ante la AFP a la que estén inscritos.
Estableció, además, que los fondos que se retiren mantienen la condición de intangibles, por lo que no pueden ser objeto de descuento, compensación, embargo, retención o cualquier forma de afectación, salvo para las que se deriven de deudas por alimentos, y por un máximo del 30% del total.
El miércoles, el ministro de Economía y Finanzas informó que el Ejecutivo había acordado en el Consejo de Ministros que no iba a observar la ley aprobada por el Congreso “respondiendo a la alta votación” que recibió en el pleno.
“Vemos que no es oportuno demorar más la promulgación de esta norma“, comentó Arista.
La controversia
El parlamentario derechista José Luna Gálvez, quien promovió la iniciativa, sostuvo que la entrega de estos fondos otorgará “un alivio” económico para miles de familias en el país y será “un motor para dinamizar” la economía y reactivar a las pequeñas empresas.
Economistas y representantes de las AFP señalan que esta medida afecta la capitalización de los fondos y las futuras pensiones de los trabajadores, mientras que el Gobierno y políticos de diferentes tendencias impulsan una reforma total del sistema privado de pensiones, que aún debe ser debatida por el Congreso.
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