(EFE) – La Fiscalía de la Perú confirmó este martes una investigación preliminar contra el presidente del país, Pedro Castillo, por presunto tráfico de influencias, colusión y patrocinio ilegal, que quedará suspendida por la inmunidad de la que goza el jefe de Estado.
Las diligencias contra Castillo no podrán comenzar hasta que concluya su mandato, advirtió la Fiscalía en un comunicado donde destacó que es la segunda vez en la historia del Ministerio Público que se le abre una investigación preliminar a un presidente durante el ejercicio de sus funciones.
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El anterior precedente se remonta a octubre de 2020, cuando la Fiscalía también abrió un expediente contra el entonces presidente Martín Vizcarra por presunta corrupción, que derivó posteriormente en una denuncia constitucional, una vez que el mandatario fue destituido por el Congreso.
En el caso de Castillo, el actual gobernante ha sido imputado por presuntamente haber influido en las licitaciones para la construcción de un puente y para la adquisición de combustible para la petrolera estatal Petroperú y por haber presionado para que ascendieran irregularmente a militares de su círculo cercano.
La apertura de la investigación fue notificada al abogado de Castillo por parte de la fiscal de la Nación, Zoraida Ávalos, la única autoridad autorizada a investigar al presidente, y se produce después de que la Fiscalía interrogara la pasada semana al mandatario por más de cinco horas en el Palacio de Gobierno de Lima.
Crédito: CNN
Castillo habría mantenido reuniones con la empresaria Karelim López, para que el jefe de Estado presuntamente intercediera a favor del consorcio Puente Tarata III, que se adjudicó la construcción de un puente en la selva central.
Seguidamente, el gobernante también se habría reunido con el empresario Samir Abudayeh y con el presidente de Petroperú, Hugo Chávez, días antes de que la compañía del primero ganara un contrato para vender 280 mil barriles de biodiésel a la empresa estatal por US$ 74 millones.
Al mismo tiempo, los ex comandantes generales del Ejército, José Vizcarra, y de la Fuerza Aérea, Jorge Chaparro denunciaron que fueron destituidos por Castillo por negarse a ascender irregularmente a militares allegados al presidente, como se les demandaba desde el Palacio de Gobierno.
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Por estos casos, el procurador general Daniel Soria ya había denunciado a Castillo ante la Fiscalía por los delitos de patrocinio ilegal y tráfico de influencias, en una demanda basada en las presuntas reuniones del mandatario con Karelim López.
Sobre estas acusaciones, Castillo, que a inicios de diciembre se salvó de perder el cargo al no prosperar en el Congreso una moción para destituirlo, ha manifestado su inocencia y se ha mostrado abierto a las investigaciones, al punto de pedir que se le levante su secreto bancario, tributario y de comunicaciones.
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