En el municipio José Joaquín de Herrera, ubicado en el estado de Guerrero, México, un grupo de niños de entre 11 y 15 años tomó las armas el pasado miércoles con el propósito de proteger a su comunidad.
Esto, mientras un grupo de adultos emprendió la búsqueda de una familia desaparecida desde el 19 de enero.
La Coordinadora Regional de Autoridades Comunitaria-Pueblos Fundadores (CRAC-PF) en la comunidad indígena Ayahualtempa incorporó a cinco niñas y quince niños a sus filas, dotándolos de armamento que incluía rifles calibre 22, escopetas de calibres 20, 16 y 410, así como pistolas. Algunos de los menores portaban rudimentarios rifles hechos con carrizos, informaron medios internacionales como El País.
Luis Morales Rojas, miembro de la CRAC-PF, señaló que los jóvenes mayores se unirán a la búsqueda de una familia secuestrada el 19 de enero, mientras que los demás desempeñarán labores de vigilancia en la región.
La comunidad indígena, compuesta por aproximadamente 1,000 personas de origen nahua, ha instado al presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, y a la gobernadora de Guerrero, Evelyn Salgado, a intervenir y ayudar en la localización de la familia desaparecida.
La familia en cuestión está integrada por Cecilia Gaspar Hernández (50 años), José Teodoro Domingo Ortiz (52 años) y sus hijos Roberto y Gaudencio, de 30 y 22 años, respectivamente. Fueron secuestrados el 19 de enero mientras pastoreaban su ganado en Zacatepec.
En una cancha deportiva local, los menores, la mayoría de ellos portando armas, realizaron movimientos de entrenamiento armado, una escena que refleja la decisión tomada en la asamblea del pasado 22 de enero por el Consejo Tradicional del Gobierno Náhuatl, el Comisariado de Bienes Comunales y comisarios municipales, de integrar a menores a la CRAC-PF debido al aumento de la violencia en la región, atribuida al grupo delictivo Los Ardillos.
Luis Morales Rojas hizo hincapié en que la actuación de la Policía Comunitaria es legal y solicitó el apoyo de las autoridades municipales, estatales y federales para enfrentar la amenaza de Los Ardillos, responsables, según él, de acribillamientos y secuestros en la zona.
En la misma línea, las autoridades recordaron que la Policía Comunitaria opera legalmente, respaldada por la ley y el reconocimiento de sus funciones como actos de autoridad. Sin embargo, han demandado respeto y han instado a que no se levanten acusaciones infundadas en su contra.
Esta no es la primera vez que la CRAC-PF incorpora a niños a sus filas. En 2019 se integraron 19 menores, y en 2020 se presentó otro grupo que fue desincorporado en 2022, tras compromisos gubernamentales de brindar seguridad con militares, la Guardia Nacional y la Policía Estatal, en una reunión llevada a cabo en junio de 2019.
Autoridades y pobladores de #Ayahualtempa, municipio de José Joaquín de Herrera, en Guerrero, #México, presentaron a 20 niños y adolescentes, algunos de ellos armados, como integrantes de su Policía Comunitaria para el resguardo de su pueblo ante el resurgimiento de la violencia pic.twitter.com/UlcoN0jOdv
— David de la Paz 戴维 (@daviddelapaz) January 25, 2024
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