(EFE) – El juez Juan Carlos Checkley convocó a una audiencia el lunes para evaluar el pedido de cesación de la prisión preventiva contra el expresidente peruano Pedro Castillo (2021-2022), detenido tras el intento de autogolpe de Estado del 7 de diciembre del año pasado, informó este sábado el Poder Judicial.
Checkley es titular del Juzgado Supremo de Investigación Preparatoria y recibió el pedido de la defensa de Castillo, el pasado martes, de cesación (anulación) de la prisión preventiva “por haber surgido nuevos elementos de convicción que demuestran la no ocurrencia de los requisitos para la imposición de la prisión preventiva”, según indicó la resolución del magistrado, aunque sin detallar esos nuevos elementos.
En ese sentido, el juez tiene que pronunciarse sobre la solicitud previa realización de una audiencia, en la que estarán presentes Castillo, detenido en la prisión de Barbadillo, y su defensa legal, en caso de que no concurra su abogado, la sala pidió la participación de la defensoría pública, además de un representante del Ministerio Público.
La resolución indicó que “se deberá debatir los argumentos expuestos en audiencia pública, con citación de las partes procesales, para que ejerzan lo que a su derecho corresponde”.
Por su parte, el Tribunal Constitucional (TC) también evaluará el lunes al menos cinco demandas de hábeas corpus presentadas a favor de la excarcelación de Castillo, según informó RPP Noticias.
Castillo es investigado actualmente por los presuntos delitos de rebelión y conspiración debido al intento de golpe de Estado que anunció, en un mensaje televisivo desde Palacio de Gobierno, el 7 de diciembre del año pasado, horas antes de su citación ante el Congreso para que responda por acusaciones de corrupción.
El Parlamento aprobó la destitución de Castillo, que fue detenido por su escolta cuando se dirigía con su familia a la Embajada de México en Lima, país que finalmente otorgó asilo a su esposa y dos hijos menores.
En paralelo a las investigaciones por el fallido autogolpe, Castillo y su entorno político más cercano son investigados por la existencia de una presunta organización criminal que negociaba las obras de infraestructura a cargo de los ministerios de Vivienda y Transportes.
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