(EFE) – El Gobierno de Ecuador ordenó este sábado la reorganización del alto mando de la Policía, tras la muerte de seis colombianos y un ecuatoriano que estaban detenidos como sospechosos del crimen material del excandidato presidencial Fernando Villavicencio, acribillado en Quito el pasado 9 de agosto.
La Secretaría General de Comunicación de la Presidencia, en un comunicado, aseguró que el mandatario Guillermo Lasso ordenó cambiar a la autoridad penitenciaria y al jefe de investigación de la Policía, entre varias medidas que incluye la reorganización del alto mando de la institución del orden.
La medida se adoptó luego que se informara que un ecuatoriano que estaba detenido en Quito se sumaba este sábado a la lista de seis reos colombianos muertos en la Penitenciaría de Guayaquil, todos relacionados con el asesinato de Villavicencio.
En un comunicado, la Secretaría de Comunicación informó sobre las acciones que ha ordenado realizar el presidente Lasso “ante la muerte violenta de siete personas privadas de la libertad, vinculados con el crimen” contra Villavicencio.
Entre esas medidas dispuso “la separación del cargo del director general de Investigación de la Policía Nacional, general Alain Luna, con la consecutiva baja, y la reorganización del alto mando policial”.
Asimismo, el “traslado de seis personas privadas de la libertad vinculadas con la investigación por el asesinato de Fernando Villavicencio, para resguardar su seguridad”.
También la “remoción del cargo del director del SNAI, Luis Ordóñez, y el respectivo encargo al coronel (en servicio pasivo) Fausto Cobo, actual director del CIES (Centro de Inteligencia Estratégica)”.
Finalmente, Lasso ordenó la “presentación de la denuncia penal contra José M, director subrogante del CPL Guayas 1 (Penitenciaría de Guayaquil), quien ya ha sido detenido por la Policía nacional, para que rinda versión ante la Fiscalía”.
La fundación SOS Cárceles Ecuador, que trabaja por la defensa de los derechos humanos y la paz en las cárceles del país, había pedido a la Fiscalía y al SNAI que trasladaran a los imputados del caso Villavicencio a cárceles más seguras, aunque su pedido no fue atendido.
La muerte de los últimos siete imputados ocurrió pocos días después de que el Gobierno de Estados Unidos ofreciera una recompensa de 5 millones de dólares por información sobre el autor intelectual del asesinato.
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