(CNN en Español) – El Salvador registró en 2023 un total de 154 homicidios, informó este miércoles el gabinete de seguridad del país centroamericano en rueda de prensa.
El Gobierno dice que la tasa de homicidios en 2023 se redujo a 2,4 por cada 100.000 habitantes. En 2022, había sido de 7,8 y en 2021 de 18,1 por cada 100.000 habitantes.
Según cifras de la Policía Nacional Civil, en 2022 contabilizó 495 homicidios. En 2021 fueron 1.147.
El gabinete de seguridad de El Salvador dio a conocer los datos sobre los homicidios en una rueda de prensa y entregó a los medios a una presentación en PowerPoint que resume los datos, pero no contiene información detallada sobre el comportamiento de la violencia, localidades donde ocurrieron los hechos, la calificación de los delitos, la situación legal de los acusados o detenidos, o cuántos de estos fueron condenados o exonerados, entre otros aspectos.
Las organizaciones de derechos humanos aún no se pronuncian ante los datos divulgados por el Gobierno.
Sin embargo, en el pasado la oposición y organismos internacionales cuestionan que los datos sobre homicidios no pueden ser verificados de manera independiente porque las autoridades los han declarado bajo reserva con el argumento de que divulgar más detalles pone en riesgo la seguridad nacional.
Las autoridades sostienen que 2023 ha sido el año más seguro en la historia reciente de El Salvador y lo atribuyen a la implementación del régimen de excepción y al plan de seguridad denominado Control Territorial, en vigor desde 2022.
El régimen de excepción rige hasta el 11 de enero de 2024, luego de la más reciente prórroga —la vigésimo primera— desde su aprobación, el 27 de marzo de 2022, como respuesta a un repunte de violencia que se produjo mientras funcionarios del Gobierno negociaban una tregua con las pandillas, según una acusación desclasificada y que fue presentada, a inicios de 2023, en una Corte federal del Distrito Este de Nueva York contra 13 pandilleros de alto rango de la pandilla Mara Salvatrucha.
La política del régimen de excepción ha provocado críticas de organismos internacionales como Human Rights Watch y Amnistía Internacional, que consideran que viola los derechos humanos y que mantiene en prisión a personas que no pertenecen a pandillas.
El informe sobre Prácticas de Derechos Humanos del Departamento de Estado de los Estados Unidos de 2022 señala que el régimen de excepción ha permitido a las fuerzas de seguridad pública de El Salvador realizar numerosas detenciones arbitrarias, invasión de viviendas, procedimientos judiciales injustos y muertes de detenidos.
El Gobierno dijo que investigaba los hechos, sin que haya dado un informe sobre esas muertes.
Ese informe del Departamento de Estado agrega que además de los homicidios ilegítimos, han ocurrido desapariciones forzadas; torturas y tratos inhumanos en las cárceles; graves problemas con la independencia del Poder Judicial, así como graves restricciones a la libertad de expresión y de los medios de comunicación, incluida la censura y las amenazas de aplicar leyes penales para limitar la expresión.
El Gobierno ha rechazado las críticas y acusado a quienes cuestionan su política de seguridad de defender los derechos de los delincuentes y no de la población.
En noviembre, el presidente Nayib Bukele —actualmente con permiso de la Asamblea Legislativa para realizar campaña para las votaciones del 4 de febrero en las que buscará la reelección— dijo que su Gobierno estaba a punto de “eliminar” a las pandillas y que los remanentes ya no pueden operar, lo que ha permitido reducir, además de los homicidios, otros delitos como la extorsión.
De acuerdo con el Gobierno, la implementación de esta medida y el plan denominado Control Territorial han permitido que no haya homicidios durante 518 días (no continuos) desde que Bukele asumió la presidencia el 1 de junio de 2019.
Durante su gestión, el 27 de marzo de 2022 fue el día más violento con 62 homicidios en 24 horas, lo que provocó que la Asamblea Legislativa aprobara el régimen de excepción.
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