(EFE) – Los fiscales supremos peruanos Pablo Sánchez y Juan Villena exigieron este lunes a la jefa del Ministerio Público, Patricia Benavides, que renuncie al cargo tras haber sido involucrada “en la realización de hechos graves sometidos a investigación penal“.
“Le exigimos que renuncie al cargo de fiscal de la Nación, a fin de no afectar la investigación que realiza nuestra institución”, señalaron Sánchez y Villena, en una carta que enviaron a Benavides y que fue publicada por medios locales.
Los integrantes de la Junta de Fiscales Supremos, que tiene seis miembros, añadieron que la investigación penal abierta contra la fiscal general “no se condice con un desempeño debido de su cargo como máximo representante del Ministerio Público”.
La carta de los fiscales supremos se sumó a un pronunciamiento previo de los fiscales que integran el equipo especial anticorrupción que se rebelaron contra Benavides después de que esta destituyera del cargo a la coordinadora de ese grupo que persigue la corrupción en el poder, Marita Barreto.
Benavides tomó la decisión luego de que el equipo especial abrió, junto con la Policía, una investigación al entorno más cercano de la máxima responsable del Ministerio Público.
En respuesta, los miembros del Equipo Especial de Fiscales contra la Corrupción del Poder (Efficop) solicitaron “respetuosamente” a los miembros de la Junta de Fiscales Supremos “que, ante los hechos puestos a conocimiento público, actúen con responsabilidad y buen criterio en defensa de la institucionalidad en el marco de sus atribuciones constitucionalmente reconocidas”.
Los fiscales también anunciaron que “permanecerán en el cargo” y reafirmaron su “compromiso de una lucha frontal contra la corrupción, provenga de donde provenga, y caiga quien caiga”.
El Eficcop y la División de Investigación de delitos de Alta Complejidad (Diviac) de la Policía Nacional iniciaron este lunes un operativo con detenciones y allanamiento de viviendas y oficinas de asesores y exasesores de la fiscal general.
Los asesores son acusados de integrar una presunta organización criminal “enquistada en la alta dirección del Ministerio Público” que buscaba influir “ilícitamente en decisiones de congresistas” para la destitución de los titulares de la Junta Nacional de Justicia (JNJ), la designación del actual defensor del pueblo, Josúe Gutiérrez, y la inhabilitación de la ex Fiscal de la Nación Zoraida Ávalos “para fines ilícitos”.
En respuesta, Benavides destituyó a Barreto y, horas después, rechazó las acusaciones y anunció que ha presentado una denuncia constitucional en el Congreso por el delito de homicidio calificado contra la presidenta Dina Boluarte; el primer ministro, Alberto Otárola, y otras altas autoridades por las muertes que se produjeron entre diciembre y marzo pasado, durante las manifestaciones antigubernamentales en el país.
En el mensaje en el que hizo ese anuncio, Benavides apareció acompañada de varios integrantes del Ministerio Público, entre ellos, dos fiscales supremos, identificados como tal por sus insignias.
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