El Salvador ha sido testigo de un aumento alarmante en la tasa de mortalidad de reclusos en sus cárceles en los últimos meses. Según un informe reciente del Socorro Jurídico Humanitario (SJH), desde que el gobierno del presidente Nayib Bukele decretó un régimen de excepción en marzo de 2022, hasta la primera semana de septiembre de 2023, al menos 188 personas han fallecido mientras estaban bajo custodia del Estado en cárceles salvadoreñas.
Infobae analizó este informe que está basado en cientos de entrevistas con familiares de reos, personas liberadas con medidas sustitutivas, abogados y fuentes internas del sistema penitenciario, la fiscalía y la Policía Nacional Civil, fuentes que destacan un panorama preocupante.
Contrario a las cifras oficiales del Instituto de Medicina Legal, que informan de solo 73 muertes en el sistema penitenciario durante el mismo período, el SJH cataloga el 40% de las muertes como homicidios y el 31% como negligencias médicas, incluyendo la falta de atención adecuada ante enfermedades y condiciones médicas preexistentes.
El informe también menciona que, según fuentes en la Fiscalía General de la República, el número de muertes podría ascender a 500, una cifra que difiere significativamente de la reportada por las autoridades. La falta de transparencia y el hermetismo en torno a estos casos han generado inquietudes sobre la veracidad de los datos oficiales.
La mayoría de los detenidos durante el régimen de excepción aún no ha sido condenada por un tribunal, y, de acuerdo con el SJH, miles de personas inocentes han sufrido abusos físicos y vejaciones durante su detención.
Este creciente número de muertes y las condiciones carcelarias han suscitado preocupación en la comunidad internacional y han llevado a organizaciones de derechos humanos a denunciar el deterioro democrático y de derechos humanos en El Salvador. Sin embargo, el presidente Bukele sigue disfrutando de un alto nivel de apoyo popular en el país, lo que ha generado un debate sobre las políticas de seguridad implementadas por su gobierno.
A medida que el país continúa enfrentando esta crisis carcelaria, crece la necesidad de una mayor transparencia y rendición de cuentas en el sistema penitenciario de El Salvador para garantizar el respeto de los derechos humanos de las personas detenidas.
Deja tu comentario