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Esta semana, la Corte Suprema de Justicia de El Salvador ofreció un bono a los magistrados y jueces que tengan 60 años o más y que renuncien a más tardar este viernes, según dieron a conocer a través de un comunicado publicado en su cuenta de Twitter.

De acuerdo al documento, esta medida se debe a que a partir de este sábado entrará en vigencia el decreto aprobado por la Asamblea Legislativa que cesa de manera obligatoria a todos los magistrados o jueces de 60 años o quienes ya tengan 30 años de servicio.

Los magistrados y jueces han rechazado el decreto desde su aprobación. Incluso salieron a las calles el 7 y 15 de septiembre pasado para expresar su desacuerdo con la medida, que consideran viola la independencia judicial.

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Los juristas habían pedido a la Corte Suprema que declarara la inaplicabilidad del decreto, ya que una sentencia de la Sala de Constitucional en 2016 estableció que las reformas que “incidan en la estructura del Órgano Judicial” son exclusivas de la Corte Suprema de Justicia para evitar que el presidente o los diputados presenten iniciativas que repercutan en el sistema judicial.

El Centro de Estudios Jurídicos aseguró que el decreto es inconstitucional y considera que “los jueces y magistrados pueden y deben inaplicarlo”.

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La cesación obligatoria de los magistrados y jueces ocurre en momentos en que han aumentado las críticas contra el presidente Nayib Bukele por la concentración de poder. La oposición denuncia que en El Salvador se está instalando una dictadura, ante el control desde el Ejecutivo de la Asamblea Legislativa, de mayoría oficialista, y de la Sala de lo Constitucional, cuyos magistrados fueron juramentados el 1 de mayo luego que los diputados destituyeran a los anteriores.

La Sala de lo Constitucional avaló recientemente la reelección presidencial inmediata. Esa sentencia deja abierta la posibilidad de que Bukele busque la reelección en 2024.

Los actuales magistrados fueron incluidos el lunes por el Departamento de Estado de Estados Unidos en su lista de actores corruptos y antidemocráticos que, por lo general, implica que a los señalados se les cancela la visa y no son elegibles para obtener beneficio inmigratorio alguno en varios años.

Bukele por su parte, consideró que la lista era “pura política e injerencia de la más bajera” y en el mensaje de Twitter también cuestionó que no se incluyera a nadie de la oposición.

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