ARCHIVO: EFE

Este martes, el Tribunal Constitucional de Perú ordenó la liberación del expresidente Alberto Fujimori, a pesar de que la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) había ordenado lo contrario el año pasado.

Este hecho generó reacciones entre varios congresistas y líderes políticos del país vecino, quienes incluso señalaron que llevarán a cabo una Acusación Constitucional en contra de los magistrados del TC que firmaron la liberación de Fujimori.

La legisladora izquierdista Ruth Luque indicó, en su cuenta de X, que los magistrados del Tribunal Constitucional que firmaron la liberación de Fujimori (Francisco Morales, Luz Pacheco y Gustavo Gutiérrez) fueron designados en esos cargos por la mayoría fujimorista en el Congreso y que ahora “les devuelven el favor ordenando la libertad de Alberto Fujimori“.

Luque explicó que “han decidido desacatar abiertamente las resoluciones emitidas por la CorteIDH e ignorar a las víctimas de violaciones a los derechos humanos“.

“Esta es una decisión ilegal que consolida el pacto de impunidad“, expresó Luque.

En esta misma línea anuncio que presentará una “denuncia constitucional contra los tres magistrados que han emitido esta decisión, por delito de prevaricato y por infracciones constitucionales“.

“Es una decisión que se aleja de las recomendaciones establecidas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos“, explicó.

Organizaciones de Derechos Humanos se oponen al indulto

Las asociaciones de víctimas y activistas pro derechos humanos explicaron que se oponen al indulto de Fujimori, ya que este nunca se ha disculpado con las víctimas de las matanzas de Barrios Altos y La Cantuta, ni tampoco ha pagado las reparaciones económicas que se le impusieron.

Tras conocerse la última decisión del TC, la Asociación Pro Derechos Humanos expresó su “enérgico rechazo ante el grave desacato del Tribunal Constitucional al ordenamiento de la Corte Interamericana de Derechos Humanos“, ya que “contradice las disposiciones internacionales“.

También piden al gobierno de Dina Boluarte que no ejecute la sentencia que ordena su liberación y le solicitan que se abstenga de llevar a cabo “acciones que pongan en riesgo la integridad de la justicia y la lucha contra la impunidad”.

La ONG Human Rights Watch afirmó que la liberación de Fujimori “violaría las órdenes de la Corte Interamericana de Derechos Humanos” y que el Estado peruano tiene la obligación de cumplirlas.

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