EFE.

(CNN en Español) – La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) pidió este miércoles al Estado de Guatemala que respete el resultado de las elecciones presidenciales que ganó Bernardo Arévalo, del partido Movimiento Semilla, y quien debe asumir el cargo el 14 de enero de 2024.

La CIDH, instancia de la Organización de los Estados Americanos (OEA), dijo en un comunicado que el Ministerio Público debe frenar sus acciones contra el Tribunal Supremo Electoral (TSE), cuyas instalaciones ha allanado varias veces a lo largo de las últimas semanas en el marco de una investigación que abrió por supuestas irregularidades en el proceso electoral.

De acuerdo con la CIDH, estos actos “ponen en riesgo el orden constitucional y la independencia de los poderes públicos”.

La CIDH urge al Estado de Guatemala a respetar y garantizar el resultado de las elecciones celebradas de manera libre y justa, y a cesar de inmediato las acciones injerencistas del Ministerio Público que atentan contra el orden democrático y la voluntad soberana de la población”, agregó la Comisión.

El pronunciamiento ocurre un día después de que Arévalo pidió a la OEA intervenir en la crisis política de Guatemala, con base en el artículo 20 de la Carta Democrática Interamericana. Ese artículo señala que cualquier Estado miembro o el secretario general pueden convocar de forma inmediata al Consejo Permanente cuando “se produzca una alteración del orden constitucional que afecte gravemente su orden democrático”.

Arévalo, quien está de gira por Estados Unidos, se reunió en privado este miércoles con el secretario general de la OEA, Luis Almagro, quien en su cuenta de X, antes Twitter, publicó un video de ambos y dijo que hablaron de la transición en Guatemala.

En un comunicado, el gobierno de Guatemala informó que la tarde de este miércoles se realizó una reunión entre el Gobierno del presidente Alejandro Giammattei y el equipo del próximo mandatario.

Giammattei ha reiterado que están comprometidos con una transición de poder apegada a la ley.

En tanto, el Ministerio Público de Guatemala ha justificado sus acciones contra el tribunal con el argumento de que la ley lo faculta para ello cuando tiene una investigación en marcha.

La institución señala que los magistrados electorales son presuntos responsables de irregularidades en la suscripción del contrato administrativo del programa para la Transmisión de Resultados Preliminares que se utilizó en las últimas elecciones. El TSE ha rechazado los argumentos de la Fiscalía y reafirmado que cumplió de manera estricta con toda la normativa vigente aplicable en la adquisición e implementación del programa.

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