El fisco argentino está apuntando al supuesto desvío de casi 5 millones de dólares entre 2011 y 2012 y solicitó a la Justicia que cite a indagatoria a los empresarios y ejecutivos que dirigieron las constructoras Odebrecht, Iecsa y Ghella por el supuesto delito de evasión agravada. Estas tres empresas fueron socias en una de las obras más importantes de de los últimos años en el país: el soterramiento del ferrocarril Sarmiento.
El fisco solicitó al juez del caso que indague al primo del presidente Mauricio Macri, Angelo Calcaterra, accionista y miembro del directorio de Iecsa en ese momento, y a sus ex socios en este proyecto por haber supuestamente acordado un contrato “ficticio” con una empresa de España por “servicios de asistencia técnica”, de acuerdo al documento al que accedió CNN en Español.
Este contrato, dice el organismo oficial, habría sido usado para desviar casi 5 millones de dólares a una cuenta en la Banca Privada de Andorra, un banco en un principado de Europa investigado por prestarse a este tipo de maniobras.
El fisco sostiene que las empresas no pudieron demostrar que esos servicios existieron y creen que el contrato habría sido una pantalla. Sospechan de posibles desvíos para pago de sobornos a ex funcionarios del kirchnerismo que les adjudicaron la obra del soterramiento.
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La presentación ante el juez habla de “contrato apócrifo” y “falsedad ideológica” en los documentos presentados para justificar estos servicios.
Los representantes de la empresa Iecsa y el entorno del empresario Calcaterra dijeron a CNN que niegan las acusaciones del fisco y que el contrato con la empresa española DSC es real y que la firma se encargó del control de calidad de los planos. Para ellos la documentación presentada, si bien son fotocopias y no originales, son válidas.
Odebrecht admitió en Brasil que pagó sobornos por el soterramiento pero no se manifestó aún sobre esta supuesta maniobra en la Argentina.
Los representantes de Ghella y Odebrecht aún no respondieron las consultas de CNN. La constructora brasileña siempre sostiene que está dispuesta a colaborar con la Justicia.
Los ex funcionarios están procesados en el expediente central pero niegan haber exigido o aceptado sobornos de estas empresas. Desde la corporación española DSC, sostienen que fueron “utilizados” por Odebrecht y sus socias para desviar fondos ilegales en distintos países, entre ellos, Argentina.
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