(CNN en Español) — Hunter Biden, hijo del presidente Joe Biden, fue acusado por el fiscal especial David Weiss en relación con un arma que compró en 2018.
Los tres cargos que enfrenta son mentir en un formulario oficial al comprar un arma, mentir a un comercializador de armas y posesión ilegal de armas.
La acusación representa un giro extraordinario en el caso, después de que su acuerdo de culpabilidad inicial fracasara y planteara potencialmente un juicio dramático en medio de la carrera de su padre por la reelección para 2024.
La Casa Blanca creía que el drama legal de Hunter Biden terminaría este verano boreal. Sin embargo, el acuerdo de culpabilidad alcanzado con Weiss para resolver el asunto sin cargos no logró la aprobación de una jueza federal. Y esta semana, republicanos de la Cámara de Representantes también anunciaron una investigación de juicio político contra el presidente Biden en relación con los negocios Hunter.
Los documentos judiciales muestran que este jueves se emitió una citación para que Hunter Biden comparezca ante el tribunal en una audiencia inicial de cargos, aunque no está claro cuándo y dónde se realizaría.
Hunter Biden se encuentra actualmente en California, dijo a CNN una fuente familiarizada con el asunto, y agregó que cualquier plan para una entrega voluntaria o comparecencia inicial, incluida la fecha y el lugar, aún debe acordarse.
Compra de armas en 2018
Los problemas legales de Hunter Biden relacionados con armas se vinculan a una compra que hizo en octubre de 2018. Cuando adquirió un revólver en una tienda de armas de Delaware, mintió en un formulario federal al jurar que no estaba usando ni era adicto a ninguna droga ilegal, a pesar de que estaba luchando contra la adicción al crack en el momento de la compra.
Hunter Biden “proporcionó una declaración escrita en el Formulario 4473 certificando que no era un consumidor ilegal ni adicto a ningún estimulante, narcótico ni ninguna otra sustancia controlada, cuando en realidad, como él sabía, esa declaración era falsa y ficticia“, sostiene la acusación.
Mentir en el formulario de la Agencia de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos (ATF, por sus siglas en inglés) o poseer un arma de fuego siendo consumidor de drogas son delitos federales. (Hunter Biden tuvo el arma en su poder durante aproximadamente 11 días en 2018). Los fiscales dijeron anteriormente que el plazo de prescripción para algunos de estos delitos se cumplía en octubre.
El abogado de Hunter Biden, Abbe Lowell, dijo anteriormente que el acuerdo anterior sobre armas con los fiscales “impide que se presenten cargos adicionales” y que su cliente “cumplió con las condiciones de liberación bajo ese acuerdo”. Los fiscales, sin embargo, dicen que ese acuerdo nunca entró en vigencia.
El fiscal especial Weiss encabeza la investigación contra Hunter Biden desde finales de 2018. Durante ese tiempo, su equipo investigó posibles delitos graves de evasión fiscal, cabildeo ilegal en el extranjero, lavado de dinero y otros asuntos, en gran medida relacionados con los negocios de Hunter Biden en el extranjero.
La investigación parecía estar llegando a su fin en junio, cuando Weiss anunció un acuerdo doble en el que Hunter Biden se declararía culpable de dos delitos fiscales federales menores y aceptaría un “acuerdo de desvío”. En él, el cargo por posesión de armas se retiraría en dos años si Hunter Biden pasaba pruebas periódicas de detección de drogas y se mantenía al margen de problemas legales.
Pero en una sorprendente audiencia judicial en julio, los acuerdos colapsaron bajo el escrutinio de la jueza federal que supervisaba el caso. Las dos partes intentaron renegociar un acuerdo, pero las conversaciones llegaron a un punto muerto y el secretario de Justicia de EE.UU., Merrick Garland, elevó a Weiss a la categoría de fiscal especial en agosto, lo que supuso una escalada importante en la investigación.
Además del caso de las armas, Weiss todavía está evaluando si acusar a Hunter Biden por delitos fiscales. En un expediente judicial el mes pasado dijo que “ahora un juicio está en el orden” sobre los delitos fiscales y que “podría presentar cargos fiscales” posiblemente en California o en la ciudad de Washington.
Los cargos
Si a Hunter Biden lo declaran culpable de todos los cargos, el hijo del presidente podría, en teoría, enfrentar hasta 25 años de prisión y multas de hasta 750.000 dólares, según documentos judiciales.
Sin embargo, los acusados rara vez reciben la pena máxima, especialmente en casos como estos, que involucran delitos no violentos y un presunto delincuente por primera vez.
La acusación de los tres cargos la presentó este jueves un jurado investigador federal en Delaware, según documentos judiciales.
- El primer cargo acusa a Hunter Biden de mentir en un formulario de la ATF cuando compró el arma, al jurar falsamente que no era adicto a drogas ilegales ni consumía drogas ilegales.
- El segundo cargo acusa a Hunter Biden de mentirle al comercializador de armas con licencia federal en Wilmington donde compró el arma. La supuesta mentira estaba relacionada con la misma declaración jurada en el formulario de la ATF.
- El tercer cargo acusa a Hunter Biden de posesión ilegal del arma mientras consumía drogas o era adicto a las drogas, lo cual es un delito federal. Fue propietario del arma durante 11 días en 2018.
Uno de los cargos enfrenta un grave peligro constitucional
La ley de posesión de armas bajo la que se acusa a Hunter Biden ya se encuentra en un terreno legal inestable, después de que un tribunal de apelaciones que cubre tres estados del sur del país declarara inconstitucional el estatuto en agosto pasado.
El mes pasado, un tribunal federal de apelaciones con sede en Nueva Orleans anuló la ley de décadas de antigüedad, diciendo que violaba la Segunda Enmienda en un caso relacionado con un hombre que fue condenado en virtud de ella en 2022.
“En resumen, nuestra historia y tradición pueden respaldar algunos límites al derecho de una persona a portar un arma bajo influencia de sustancias, pero no justifica desarmar a un ciudadano sobrio basándose exclusivamente en su consumo de drogas en el pasado”, escribió el juez de circuito Jerry Smith, designado por Ronald Reagan para el panel de tres jueces. “Las tradiciones más generalizadas para desarmar a las personas peligrosas tampoco respaldan esta restricción a los consumidores de drogas no violentas”.
El fallo del Quinto Circuito, que supervisa Louisiana, Mississippi y Texas, significa que otros acusados condenados conforme a la ley en esos estados podrían tratar de presentar nuevas impugnaciones de sus condenas, pero no eso tiene ningún impacto legal en el caso de Biden, que fue presentado Delaware.
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