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(CNN) — Al menos cuatro personas han muerto en medio de las protestas en curso contra el gobierno del presidente ecuatoriano Guillermo Lasso, según las autoridades ecuatorianas. Decenas de policías han resultado heridos y más de 100 personas han sido arrestadas, dijeron también las autoridades.

El jueves se cumple el undécimo día de protesta en el país. La Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie), que lidera las protestas desde el 13 de junio, exige al gobierno que reduzca los precios de los combustibles, aborde el problema del desempleo, regule los precios de los productos agrícolas y combata la delincuencia, entre otros alegatos.

La Policía Nacional de Ecuador informó que la última muerte ocurrió el martes en la provincia de Pastaza, en la región amazónica, “como resultado del manejo de un artefacto explosivo”.

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La Policía aclaró que esos materiales no son utilizados por la fuerza para mantener el orden público y “menos en marchas y manifestaciones pacíficas”. La institución dijo que el caso será investigado por las autoridades judiciales y brindará apoyo para esclarecer todos los hechos violentos.

El martes, el Ministerio de Salud de Ecuador dijo que dos personas murieron el domingo pasado debido a un bloqueo de carretera cuando las ambulancias fueron obstruidas por las protestas.

El lunes, la policía dijo que una persona murió al caer de un barranco en el norte de Quito; la muerte estuvo relacionada con las protestas.

Al menos 120 policías han resultado gravemente heridos desde el inicio de las protestas el 13 de junio, según la Policía Nacional de Ecuador.

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El gobierno del presidente Lasso ha hecho varios llamados a un diálogo abierto desde el inicio de las protestas. En una dirección de video publicada en Twitter el lunes, Lasso dice que ha estado escuchando las “necesidades de los más vulnerables” centrándose en la atención médica, la educación intercultural y el perdón de deudas, entre otras demandas.

En un comunicado publicado ayer por la Conaie, acusaron a las comunicaciones gubernamentales de contener “burlas, mentiras y narrativa colonial racista” contra los grupos indígenas.

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