A dos meses de asumir, el presidente de Ecuador, Daniel Noboa, enfrentó una crisis de seguridad brutal: el crimen organizado se tomó edificios institucionales y un canal de televisión en un estallido organizado desde las cárceles.
Entonces recurrió a los militares. Apoyó su decisión en las 8 mil muertes violentas al año y en los 40 mil delincuentes armados que hay en su país y declaró una guerra interna. Desde entonces la mano dura se ha instalado en el país.
Noboa niega ser el Bukele de Sudamérica y hace algunas semanas le recomendó al presidente Boric que tome las decisiones difíciles, fuertes, ahora contra el narcotráfico, aunque esto tenga costos políticos.
Por lo visto este fin de semana, el mandatario ecuatoriano hace una interpretación amplia de lo que implica tomar decisiones fuertes, tras la irrupción de la policía en la Embajada de México en Quito para detener al exvicepresidente Jorge Glass, condenado por corrupción y que buscó asilo en diciembre pasado para eludir la acción de la justicia.
La condena ha sido transversal, ya que la Convención de Viena establece como una violación al derecho internacional ingresar a la fuerza a una sede diplomática y México ya recurrió a la Corte Internacional de Justicia por este hecho que el gobierno chileno condena y califica de inaceptable.
El cada vez más generalizado autoritarismo con que muchos gobernantes están actuando alcanza un nuevo nivel con este hecho, que es un claro atentado a la soberanía, al multilateralismo y a la democracia.
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