En los últimos días el gobierno ha lanzado duras críticas al Ministerio Público por su actuar tras el estallido social, especialmente luego de que se determinara la suspensión condicional del proceso penal a favor de 26 personas sin antecedentes que fueron sorprendidas saqueando un supermercado en Conchalí.
En conversación con CNN Chile, el ex fiscal Pablo Norambuena abordó el tema y aseguró que “siempre el gobierno cuando tiene problemas de seguridad pública y orden ha tratado de trasladar a la Fiscalía o el Poder Judicial esos temas deficitarios cuando el encargado de mantener el orden público es el gobierno”.
En la misma línea, aseguró que los desencuentros entre ambas partes reflejan que “el fiscal (Jorge) Abbott está siendo víctima de la ingratitud de aquellos que lo eligieron”.
Además, afirmó que actualmente existe “desconfianza por parte de la comunidad y la sociedad respecto de las altas jerarquías de la Fiscalía” y que “el fiscal Abbott enfrenta un problema de liderazgo, un problema de solidez tendiente a tener credibilidad frente a la comunidad”.
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Lo anterior en relación a los casos de corrupción y financiamiento irregular de la política que salieron a la luz cuando el fiscal nacional asumió en su cargo. De este modo, Norambuena aseguró que la deslegitimación se basa “justamente en que implementaron y fueron parte de acuerdos que conllevaron que los imputados que tenían graves imputaciones de delitos resultaron absolutamente impunes”.
“Uno esperaría que los altos jerarcas de la Fiscalía defiendan adecuadamente su autonomía. Si hoy lo quieren hacer muy bien, pero ayer cuando tuvieron que tomar decisiones con respecto al poder político, yo diría que no lo hicieron y primero tienen que reconocer que fueron decisiones equivocadas, contrarias a la ciudadanía y a una persecución seria de lo que es la corrupción”.
El ex fiscal fue consultado sobre la agenda de seguridad pública impulsada por el gobierno de Sebastián Piñera, que entre sus iniciativas cuenta con la ley antisaqueos que fue aprobada en general ayer en la Cámara de Diputados.
“Una cuestión objetiva: hoy las penalidades en robo en lugar no habitado son penalidades bajas, van de 541 días a 5 años, y en ese sentido aparece como un buen instrumento establecer una ley que aumente las penas en esos delitos porque las penas vienen a ser como un sistema de amenaza de prevención general para tratar de disuadir que la persona cometa el delito”, dijo.
“Pero el proyecto sí tiene un error que es que la mayoría de estos casos que se denominan saqueos, la mayoría de los casos son delitos frustrados y por consiguiente la pena, a pesar del aumento que está proponiendo el ejecutivo, va a quedar baja“, explicó.
“A lo mejor se debería estudiar hacer el símil que existe con el robo en lugar habitado o con intimidación, ya que esos delitos se sancionan como consumados e incluso cuando están en la etapa de tentativa porque lo más probable que es todas las imputaciones que realice la Fiscalía son a personas que no alcanzaron a consumar el delito y por lo tanto, estemos en una etapa que implique una pena menor”, continuó.
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