Por Mónica Rincón
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Mientras el control preventivo de identidad se respalda diciendo “quien nada hace nada teme”, cuando se trata del secreto bancario empiezan las quejas sobre la privacidad frente al Estado, etc.

Llama la atención tanta resistencia ahora a la iniciativa que pretende dar al Servicio de Impuestos Internos acceso expedito a las cuentas en investigaciones de evasión y elusión. Se ha llegado a decir que la economía peligra. El contralor Jorge Bermúdez, como muchos expertos en CNN, apoyó esta reforma para combatir la corrupción.

Es cierto que Fiscalía puede hoy pedir a un juez que abra cuentas, pero el proceso es bien engorroso y, además, los bancos se demoran bastante. Sin ir más allá, la OCDE releva que en estas investigaciones se pueda levantar el secreto bancario de manera expedita como algo clave si Chile de verdad quiere luchar contra el lavado de activos, tan propio del crimen organizado y disminuir la evasión.

Algo se ha avanzado, por ejemplo, desde 2022 los bancos deben informar al SII de aquellos movimientos superiores a 1.500 UF. Pero ese pequeño cambio ya generó una tremenda polémica en su momento.

¿Y sobre la Contraloría? Estamos en pañales. Este órgano clave NO puede acceder a las cuentas de NINGÚN servicio público. Peor en los municipios, que tienen autonomía presupuestaría y no sólo abren cuentas en Banco Estado, no se sabe dónde tienen sus cuentas.

Tampoco puede escrutar las cuentas de funcionarios públicos. Esto último debería discutirse a lo menos para quienes tienen dedicación exclusiva a la función pública. Porque cabe de cajón que en sus cuentas sólo deberíamos hallar una fuente de ingresos.

Autoridades políticas, líderes empresariales, líderes de todo tipo: Pongan las leyes y los apoyos donde dicen que están sus prioridades. Y que las cuentas se abran, porque como muchos de ustedes han dicho respecto de los ciudadanos de a pie: “Quien nada hace…”.

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