“Todo diálogo tiene un impacto”, palabras del ministro de Economía. Solo entender eso para haber sabido que tenían que registrar una reunión entre reguladores y regulados, en la casa y convocada por un lobista.
La ley es prístina: incluye entre lo registrable los esfuerzos para influir en “el proceso de toma de decisiones y cambios en las políticas, planes o programas”. Si plantear la visión de la industria salmonera no es tratar influir sobre las políticas públicas, ¿qué es? Ojo: la ley no requiere que el esfuerzo de influir resulte.
Quedan preguntas: ¿hubo más ministros o parlamentarios en esas reuniones? ¿Desde el 2014, en que la Ley del Lobby hizo obligatorio su registro, se produjeron más de estos encuentros secretos en casa de Zalaquet o donde sea?
Y, ¿hay más políticos que asesoren, sin que sepamos, a empresarios, como reconoció Natalia Piergentili, triangulando pagos con boletas que para estos casos parecen ideológicamente falsa? Medir a los otros con la vara que nos mediríamos: sabia receta.
El diputado Boric no estaría de acuerdo con el presidente Boric y su “hay que dialogar hasta que duela”; el diputado seguro le aclararía que el problema no son los encuentros privados, sino no informar de ellos a la ciudadanía.
En 10 años de Ley de Lobby, muy pocas sanciones. Y sabemos de varias reuniones de lobby sin registro, como las citas entre senadores y el candidato entonces a fiscal nacional, Jorge Abbott, por ejemplo. Cada incumplimiento sin sanción es un incentivo para no cumplir la norma y una pregunta sin respuesta de cuántas citas más han quedado en las sombras.
Lo único claro es que no es necesario reformar la Ley de Lobby, lo que es necesario… es cumplirla.
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