La Conferedación de la Producción y del Comercio (CPC) fue al Tribunal Constitucional porque les parecía que la Ley de Delitos Económicos, aprobada transversalmente por el Senado, no garantizaba la igualdad ante la ley.
Argumentos falaces. Evidente que una pyme no puede coludirse como una gran empresa y claro que debe ser castigado con más severidad un directivo que un empleado si participa activamente en la comisión del delito. Porque esto es lo que dice la nueva ley, no que se le penalice porque sí. A mayor poder, conocimiento, recursos, más responsabilidad. Así se hace en otras leyes como Derechos Humanos o robo de madera.
Claman que se atenta contra la economía de mercado: es justo lo opuesto. Se la defiende porque ella se basa en la competencia que no es nada de libre si hay delitos de por medio.
Advierten que no habrá buenos ejecutivos dispuestos a ser directores de empresas, y no vemos una avalancha de renuncias.
Aseguran que hay que castigar estas “actitudes“, no siempre las llaman delitos, con todo el rigor de la ley. Ya, pero ¿qué rigor? Parece que les gustaría que fuera uno bastante blando.
El pasado los condena. ¿Cuántas empresas expulsadas de grandes gremios tras colusión o financiamiento ilegal? Cero.
En vez de dañar su imagen, la CPC debiera estar preocupada de cuidar a los empresarios pequeños y grandes, honestos.
Hay quienes, como a la presidenta de la Cámara de Comercio, les parece bien que se castigue con dureza los delitos de cuello y corbata o bien les tiene sin cuidado porque saben que no van a delinquir.
Lejos de violar la igualdad ante la ley, creo que la norma de delitos económicos la refuerza, para que no se siga en Chile encarcelando la pobreza.
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