En Coronel, desde noviembre la Fiscalía investiga eventuales cohechos que el nuevo gerente de la empresa portuaria denuncia que el antes presidente del directorio, Eduardo Hartwig habría pagado al alcalde de Coronel, el socialista Boris Chamorro, a un concejal también PS y a dirigentes sindicales a través de un sofisticado mecanismo de facturas ideológicamente falsas.
El denunciante se llama Patricio Román y a los 20 días de asumir el cargo fue a la Fiscalía, lo cual demuestra que en la mayoría de los casos el que quiere ver, ve.
La empresa portuaria es de los grupos Belfi, Von Appen y en un 50% del grupo Angelini (sí, los dueños de Corpesca). Es la más grande de Coronel y el puerto es más importante de la región.
Todos los indagados, era que no, reclaman ser inocentes de cohecho, pero por ejemplo el aludido Eduardo Hartwig no ha negado los pagos, sino que no habría obtenido nada a cambio (las 12).
El caso es grave por varias aristas que reclaman que no le perdamos la pista. Por la importancia estratégica de los puertos como punto de entrada de productos lícitos e ilícitos, por la corrupción que vemos frecuentemente a nivel municipal y por la extensión de este fenómeno, incluyendo en esta ocasión eventualmente a los sindicatos, lo que puede generar consecuencias relevantes nivel productivo.
Seguramente si esto ocurriera más cerca de Santiago, el escándalo sería mayor. Si es cierto, ojalá veamos sanciones penales severas en la justicia y repudio en las organizaciones gremiales.
Tristemente, los sindicatos, en vez de esperar la investigación acusaron al denunciante de prácticas antisindicales, negaron toda posibilidad de coimas y a dirigentes empresariales aún no les hemos oído la voz.
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