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El ministro de Hacienda, Mario Marcel, se refirió en Agenda Económica a los dichos de Rircardo Mewes, presidente de la Confederación para la Producción y el Comercio (CPC), respecto a la figura del denunciante anónimo en el proyecto de ley de cumplimiento de obligaciones tributarias.

En ese contexto, el jefe de la billetera fiscal señaló que es natural que existan dudas y opiniones ante una iniciativa, “uno no espera que las cosas siempre sean consensuadas, esta es una sociedad democrática en el cual existen diversas visiones”.

Alguna de estas expresiones a uno le sorprenden un poco porque hoy existen denunciantes anónimos para otros temas, como en materia de libre competencia, y gracias a la existencia de ese mecanismo se han detectado a empresas que se han puesto de acuerdo para abusar de los consumidores”, agregó.

Además, planteó que al ser una medida eficaz para detectar conductas que las propias organizaciones empresariales han condenado, “¿por qué no podrían ser aplicables en materia tributaria y por qué se generaría un mercado de denuncias falsas, yo invito a los dirigentes empresariales a que lean el documento”.

El secretario de Estado detalló que habrá sanciones para quienes realicen denuncias falsas. “Es bueno moderar el lenguaje, creo que llevamos mucho tiempo de crispación en la política pública a través de un lenguaje muy incendiario para referirse a temas”, y concluyó que hay que concentrarse en “discutir las sustancias de las cosas y no generar imágenes inadecuadas y exageradas de lo que se propone”.

¿Qué dijo Ricardo Mewes?

El representante de la CPC señaló que coinciden con los ejes del proyecto. Sin embargo, planteó que genera preocupación la “propuesta de la calificación de elusión por parte de Servicios Impuestos Internos (SII), además la creación del denunciante anónimo, que tiene el riesgo de crear un mercado de denuncias falsas”.

Cabe destacar que la iniciativa tiene como propósito enfrentar la evasión y elusión tributaria, además de recaudar el 1,6% del Producto Interno Bruto (PIB) y financiar una parte de la Pensión Garantizada Universal (PGU).

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