La Facultad de Ciencias de la Universidad Católica Silva Henríquez (UCSH) realizó un estudio para analizar la situación de la pobreza post estallido social. Si bien esta encuesta fue realizada en la Región Metropolitana, sus resultados pueden extrapolarse al resto del país.
En conversación con CNN Chile, Juan Fernández se refirió a los resultados de esta investigación y a los desafíos que plantea para el futuro. “Los datos nos permiten entrar en el debate respecto a la situación de precariedad, pobreza, vulnerabilidad y también de las respuestas de los cuerpos estatales”, sostuvo.
El doctor en Sociología y académico de la universidad recalcó que esta información también plantea “la necesidad de un debate serio respecto a la protección y los derechos sociales“.
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Respecto a los resultados, uno de sus principales focos estuvo en los salarios y las pensiones. En el primer caso, Fernández detalló que más del 56% de los hogares señaló que el principal ingreso proviene de un sueldo con contrato, el cual “no alcanza para que esa familia supere la línea de la pobreza“.
Por otra parte, el 18% señaló que su principal ingreso “viene de las pensiones o jubilaciones y sabemos que son muy bajas”. “Por un lado, hay un tema con el mercado de trabajo (…) y por otro, con el sistema de protección social que más bien no existe, no es suficiente”.
“Las personas tienen que recurrir a ahorros previsionales o a endeudamiento mientras que uno esperaría que existiera un sistema de protección social que precisamente en estos momentos críticos (…) ofrezca una red que permita proteger estos eventos y avanzar hacia menores niveles de vulnerabilidad“, reconoció.
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El académico destacó que esta encuesta entrega una importante reflexión respecto a “cómo las personas reconocen que su situación depende de su esfuerzo y trabajo”. Sin embargo, al mismo tiempo también se responsabiliza al Estado “en términos de la generación de ciertas condiciones que hagan posible un mayor bienestar“.
“Tenemos un Estado que garantiza muy poco y ofrece soportes bastante mínimos, quedando todo en manos de lo que puedan hacer las personas. Es fundamental progresar en la discusión sobre cómo avanzar hacia derechos sociales y un Estado más protector que permita que el esfuerzo sea retribuido”, concluyó.
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