No es extraño que el Estado genere espacios de conversación, de diálogo con distintos ámbitos de la sociedad civil. No es malo que esta conversación sea preferentemente con el sector privado que participa de la multiplicación de la política pública en distintos ámbitos.
Y no debería ser reprochable el que en esas instancias se expresen intereses, muchas veces contrapuestos, especialmente desde el Estado, representando el interés común, y desde las empresas o gremios, expresando el interés particular.
Lo que es extraño es que quienes fueron protagonistas de estas reuniones las hayan duramente reprochado en el pasado. Lo que es malo es que cuando se trata de tender puentes entre el Estado y el mercado no se tome la precaución de los máximos niveles de transparencia para evitar los penosos casos que hemos tenido en los últimos 10 años.
Y lo que es reprochable es que, efectivamente, las autoridades quienes juraron cumplir y hacer cumplir las leyes tengan una interpretación tan ortodoxa del cuerpo legal que difiere incluso de la mayoría de los expertos.
En definitiva, los ciudadanos y ciudadanas sí queremos que nuestras autoridades tomen las decisiones correctas. Pero queremos que también lo hagan correctamente, que no es lo mismo.
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