Una vez más probablemente la discusión de la Ley de Presupuesto evidencia las consecuencias de la crisis económica, este año prácticamente no vamos a crecer y las proyecciones para los próximos años no son particularmente auspiciosas.
A quienes nos sentimos parte de la cultura progresista nos cuesta decir que el crecimiento económico es la fuente de una buena política social, que incluso para distribuir primero hay que generar.
Quizás por eso las medidas son más bien modestas, es decir, incentivar la inversión por la vía y anunciar una modificación por el sistema de evaluación de impacto ambiental puede tomar años y muchas de las medidas en materia de modernización del Estado poco y nada van a destrabar la enorme burocracia que ha impedido que muchos de esos proyectos se puedan desarrollar.
Por lo tanto, quizás es el momento de salir y pensar fuera de la caja y en ese sentido recuperar a lo menos la inspiración que hubo en instrumentos anteriores, aunque sea de manera temporal mientras podemos discutir estas otras cuestiones.
Pienso, por ejemplo, como lo que fue el decreto de Ley 600, es decir, qué pasaría si durante un periodo acotado pudieran los grandes proyectos de inversión negociar directamente con el Gobierno los contratos en materia de tributo, exigencia, permisos y rentabilidades y en materia de utilidades y evaluar después de un tiempo, porque requerimos con urgencia volver a crecer.
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