La Fiscalía anunció una investigación para indagar en posibles delitos que hayan surgido tras la entrega de pensiones de gracia luego de un requerimiento de diputados de Renovación Nacional (RN).
A su vez, parlamentarios de la Unión Demócrata Independiente (UDI) piden que se investigue a beneficiarios ante eventuales falsificaciones respecto a la entrega de información que les permitió acceder a estos beneficios.
Para ello conversamos en Noticias Express de CNN Chile con Henry Leal, presidente de la comisión investigadora de este caso en la Cámara Baja.
“Hemos oficiado al señor fiscal nacional a la luz de los antecedentes recabados a partir de la auditoría que realizó la Contraloría General de la República (CGR). Creemos que existen antecedentes suficientes para creer que se configura un delito especial”, señaló.
Esto, complementó, se encuentra tipificado en el Código Penal respecto a la obtención fraudulenta de prestaciones sociales y espera “que esta investigación se abra no solo por fraude al fisco, sino que también persiga a quienes se han beneficiado”.
En ese sentido, destacó que avanzó gracias a un requerimiento que hizo el Consejo para la Transparencia (CPLT) y que ordenó que la información se hiciera pública.
“Recién ahí pudimos tener acceso a los 418 nombres, luego realizamos una recolección de firmas para formar una Comisión investigadora”, planteó, y añadió que “siempre hubo ocultamiento de información”.
“La Contraloría reveló antecedentes que nosotros nunca tuvimos, sabíamos que existían antecedentes penales de algunas personas. En las actas de la comisión el subsecretario del Interior nos dijo 40, después la CGR constató 58 casos, y ayer Monsalve dijo que eran 69. La verdad es que no entendemos por qué tenemos tanta diferencia de cifras cuando el Ministerio del Interior tiene acceso a todos los datos”, precisó.
Consultado por las instituciones responsables, sostuvo que la instrucción es del Ejecutivo, pero quien firma los decretos, son las carteras de Hacienda e Interior.
“Son dos instancias, primero es el Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH), recordemos que la glosa presupuestaria que permite entregar estas pensiones se aprobó entre el 2021 y 2022. Había dos glosas: una que exigía acreditar el menoscabo laboral permanente y otra que exigía acreditar que hubo alguna afectación. El Gobierno hizo uso de esta última”, explicó.
Además, subrayó que existía un instructivo que establecía incorporar esto con antecedentes médicos.
“El INDH se tira la pelota con Interior, el organismo autónomo dice que no estaba calificado para determinar las lesiones. De hecho, le envío un oficio al presidente de la República en septiembre de 2022, donde le informó que no pueden seguir calificando lesiones porque no tienen las competencias técnicas. Sin embargo, se sigue adelante”.
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