El gobernador de Arica y Parinacota, Jorge Díaz, se sumó a las alertas por el juicio presencial de 38 miembros pertenecientes a la banda criminal “Los Gallegos“, esto, luego de que la Corte de Apelaciones acogiera un recurso de amparo presentado por sus defensas para que la audiencia se lleve a cabo en el Tribunal Oral en lo Penal de Arica.
La autoridad apuntó a que hay “varios riesgos” asociados a que el juicio sea presencial. Uno de ellos es el traslado de los imputados, ya que nueve de ellos están en distintos centros penitenciarios del país.
“El más lejos está en Puerto Montt, entonces se va a tener que generar una logística para trasladar desde Puerto Montt hasta Arica a los imputados en un proceso de juicio oral que va a durar entre seis y ocho meses”, dijo a CNN Chile.
A ello se suma que las personas, que tienen un perfil de alta peligrosidad, tendrán que ser transportadas a diario desde la Cárcel de Hacha, en Arica, hacia las dependencias del tribunal, “que queda en pleno centro de la ciudad”.
También existe riesgo de que los testigos podrían desistir de prestar su testimonio porque podrían verse expuestos a seguimientos, por ejemplo.
Según comentó el gobernador, la Cárcel de Hacha no cuenta con un módulo de seguridad, por lo que es complejo mantener allí a los 38 miembros de la organización.
Además, Gendarmería tiene solo dos vehículos para trasladar a diario a los internos desde el recinto penitenciario hasta el tribunal.
“Cinco de los imputados arriesgan una pena de presidio perpetuo, entonces indudablemente son imputados de una altísima peligrosidad. Y si son trasladados desde Puerto Montt a Arica y luego durante 6 u 8 meses trasladados al tribunal, eso puede ocasionar distintos riesgos. Lo primero es que exista un peligro de fuga, un peligro de rescate, que puedan existir motines, porque además el tribunal tiene que seguir avanzando en otras audiencias”, argumentó.
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