Hace pocas horas, Ema Verdugo, una mujer de 102 años de edad, con registro de padecer Alzheimer, fue multada con el pago de 193 mil pesos por no acudir a votar en los pasados dos plebiscitos constitucionales. Según declara la notificación al respecto del Servel, recibida por la familia de Ema, ella -comillas- “tiene que pagar la multa dentro del plazo correspondiente o pagar con reclusión nocturna por quince días”.
Por cierto, se puede conceder que el castigo por no votar en actos obligatorios debiera ser parejo, a no ser que hubiera eximentes apropiados que permitieran hacer una excepción. Lo que la familia dijo haber hecho, a través de la presentación de exámenes médicos de Ema.
El caso de Ema es una anomalía etaria, que imagino tendrá una resolución burocrática rápida y favorable a su situación.
Un segundo caso conocido la semana pasada, de que dio cuenta Ciper Chile, tiene que ver con el lobby político. Que habría operado cuando el exalcalde de Santiago, Pablo Zalaquett, que está inscrito oficialmente como lobista, invitó a varios actuales ministros a su casa y a algunos empresarios, destacándose los de la industria salmonera, antes que el gobierno presentara la nueva Ley de Pesca.
El gobierno se ha escudado en que se trató de diálogos propios de la política habitual, solo que ya existe en Chile una ley de lobby legal, que busca diferenciar las conversaciones propias del quehacer cotidiano de la política, de aquellas donde grupos de interés tienen el propósito expreso de influir en la creación o eliminación de leyes, que sienten que son necesarias o que los perjudican. La ley de lobby funciona, simplemente, dejando registradas las reuniones con terceros interesados en influir en materias específicas.
Resulta, a lo menos, paradójico, que la rigurosidad del Servel -siguiendo el principio del voto obligatorio- llegue a un nivel tan extensivo, que no dude en la amenaza de penalizar a una persona de 102 años de edad por no ir a sufragar, mientras en materia de conversaciones privadas entre empresarios y ministros, en una situación formal de lobby, el gobierno se escuda en que “no todo diálogo es lobby“, como dijo la ministra Vallejo. O como planteó el ministro de economía, Nicolás Grau, no era necesario registrar la conversación por la naturaleza de los temas que se conversaron.
Como de lo que se conversó ahí, aparentemente, no quedó constancia registrada, básicamente hay que hacer un acto de fe en las palabras del ministro.
La alternativa para reuniones privadas entre empresarios y gobierno, habiendo sido convocados en situación de lobby, es hacer la reunión con el criterio del Servel.
Esto es, que se utilice la ley disponible, para informar del hecho de esas reuniones y de lo conversado o acordado en lo grueso; simplemente porque esa ley ya existe y lejos de causar daño a las partes, transparenta el contacto. Que cuando ese contacto no se conocía y un medio lo revela, el impacto de una reunión atípica adquiere rápidamente características de cocina bajo cuerdas, que hay que salir a explicar.
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