Este martes, el ministro del Interior, Rodrigo Delgado, llegó a la región de Tarapacá con el fin de atender la crisis migratoria que ha estado afectando a las comunas de la macrozona norte, donde se han reportado intensas manifestaciones gremiales y ciudadanas durante las últimas jornadas.
La presidenta del directorio del Servicio Jesuita a Migrantes (SJM), Macarena Rodríguez, conversó con CNN Chile para profundizar en torno a esta problemática, asegurando que se trata de una materia que no es reciente y que se pudo atender con anterioridad por las autoridades.
“Nos preocupa muchísimo, la verdad es que esto no es algo nuevo. Hoy día, por supuesto, tiene un peak con esta situación, pero es algo que nosotros venimos advirtiendo y señalándole a la autoridad hace mucho tiempo. Esto era algo previsible”, advirtió.
Rodríguez además planteó que “la falta de participación del Estado en el norte, el dejar que llegáramos a esta situación sin adoptar medidas, ha sido muy complejo y creemos que esto genera un daño, una consecuencia muy dura que tiene que ver con el crecimiento de sentimientos xenófobos”.
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La presidenta del SJM aseveró que uno de las principales desencadenantes de esta crisis ha sido la falta de medidas y de atenderla solamente cuando se desborda: “Como lo ha hecho cada vez que hay una crisis, (el ministro Delgado) vuelve al norte y entonces da declaraciones públicas sobre expulsiones“.
Asimismo, advirtió que gran parte de la migración irregular es consecuencia de la situación que hoy vive Venezuela, por lo que debiese ser uno de los principales asuntos a resolver: “El pacto global de migración llama precisamente a la corresponsabilidad frente a situaciones tan graves como las que ocurren hoy en materias de migración y refugio”.
“Aquí no se trata de taparse los ojos y decir ‘esto no existe, voy a cerrar la frontera, por lo tanto esas personas no van a entrar’, porque sí van a entrar y lo van a hacer por pasos no habilitados; no van a tener un estatus regular en el país y eso va a generar problemas de convivencia”, explicó.
En ese sentido, Rodríguez planteó que esa falta de regularidad en la población migrante les impide trabajar y recordó que gremios como la Sociedad Nacional de Agricultura (SNA) han señalado la necesidad de mano de obra, la que existe actualmente en la población migrante, pero se ve afectada por el estado de sus papeles migratorios.
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“No las pueden contratar, porque esas personas no tienen el estatus legal para poder trabajar de manera formal, entonces ¿a qué están destinadas? A pedir en las calles, a hacer trabajos mínimos, a trabajar de manera informal, a entregarse a las bandas que desde el ingreso se aprovechan de esta situación”, acusó.
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