El Ministerio Público junto a la Policía de Investigaciones (PDI) logró identificar dos aristas respecto a cómo operaban los más de 50 empresarios detenidos y formalizados por fraude al fisco en el marco del denominado Caso Tributos.
La semana pasada, la PDI detuvo a 55 personas por emitir más de 100 mil facturas falsas para rebajar su base imponible de impuestos y cuya defraudación alcanzaría los $240 mil millones.
Ante la envergadura de la situación, el caso fue considerado por el subdirector jurídico del Servicio de Impuestos Internos (SII), Marcelo Freyhoffer, como el fraude tributario más grande en la historia de Chile. De hecho, el ex fiscal Carlos Gajardo dijo en CNN Chile que el ilícito equivale en “100 veces al Caso Penta”.
Arica y Parinacota, Los Lagos, Maule y Metropolitana son las principales regiones donde se detectaron las irregularidades.
¿Cómo operaban?
Jhonny Fica, subprefecto y jefe de la Unidad de Lavado de Activos de la PDI, explicó este martes a Noticias Express de CNN Chile, que en la llamada Operación Tributo, se logró identificar dos tipos de aristas: una con carácter netamente tributario y la otra de aspecto aduanero.
Respecto a la primera estructura, esta ofrecía servicios ilícitos por medio de documentación de carácter tributario para poder rebajar la carga impositiva. Por otro lado, en la segunda, estaban los usuarios de este sistema, que eran empresas legalmente constituidas, pero que buscaban rebajar su carga impositiva, es decir, pagar menos impuestos, mientras que otros hacían uso de deportaciones fraudulentas con el objetivo de obtener un beneficio o pago por parte del Estado.
El funcionamiento
Fica indicó que estas operaciones “dos caras de la misma moneda”, para lugar detallar la forma de funcionamiento de los ilícitos.
“Había una estructura que en el fondo había formado este modelo de negocio ilícito, a través de la constitución, empresas de fachas, empresas de pantalla. Había armado una red societaria que le permitía obtener esa legalidad aparente para obtener obviamente las documentaciones y las autorizaciones tributarias”, explicó.
Este servicio era el que era puesto a disposición de otra parte de contribuyentes, es decir, otra parte de empresas, donde algunas eran legales, pero necesitaban rebajar su carga impositiva o bien obtener beneficios fiscales con las devoluciones. “En algún caso puntual, por ejemplo, del IVA exportador”, comentó el subprefecto.
De este modo, “de ambas partes se beneficiaban (mutuamente), porque la parte que ponía a disposición de este servicio ilícito de documentación falsa también, obviamente obtenían un lucro y esa es la parte también del negocio ilícito de obtener una ganancia. En este sentido, no actuaban de manera gratuita”, sentenció Fica.
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