El jefe de la bancada de diputados de Evópoli, Francisco Undurraga, abordó el anuncio del presidente Gabriel Boric sobre la revocación de las pensiones de gracia a través de una facultad administrativa.
En entrevista con CNN Chile, el diputado opinó que el Ejecutivo “ha demostrado una voltereta insólita y con una pérdida de tiempo magistral para toda la ciudadanía”.
Aunque felicitó al Gobierno por la decisión, afirmó que le llama enormemente la atención “lo tozudo que fue en primera instancia, señalando que no podía o no había atribuciones para poder revertir estos casos”.
Un nuevo elemento a discutir
El ministro de Justicia, Luis Cordero, explicó en Radio Pauta que las pensiones de gracia se revisarán dentro del plazo en que la autoridad pueda ejercer esa atribución, y en ese sentido, aseguró que tiene que haber una discusión respecto a la prescripción.
Dado ese contexto, el diputado de Evópoli afirmó que no solo se deberá discutir esta prescripción, sino que también “poner en carpeta cuáles son las atribuciones que tiene y cuáles son las condiciones que tiene el presidente para otorgarlo y los ciudadanos para ser merecedores de esta”.
Ante la pregunta de si se revocarán todas las pensiones de gracia, Undurraga respondió que eso dependerá de si el Ejecutivo apoya el proyecto de ley para poder revisar las 18 mil pensiones vigentes en el país.
“Es importante señalarle a la ciudadanía que nuestra voluntad en este caso particular no es contra el Gobierno, no es contra las atribuciones que tiene el presidente de la República para otorgar estas pensiones de gracia (…) en este caso es arreglar de buena forma y enmendar los errores que se han cometido en este gobierno y el anterior”, señaló el diputado.
¿Qué dijo el presidente?
El presidente de la República, Gabriel Boric, explicó este martes la decisión de usar su facultad administrativa para revocar las pensiones de gracia otorgadas a personas vinculadas con delitos cometidos durante el estallido social.
El mandatario dijo que, bajo su punto de vista, la revocación debería considerar antecedentes delictuales tanto previos como posteriores a la entrega de la pensión. “Pueden considerarse las dos alternativas, pero me gustaría revisarlo jurídicamente en detalle. Hay que ser muy cuidadoso con los temas judiciales, pero mi postura es que se evalúe en ambos casos”, expresó.
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