El Gobierno anunció este jueves que pondrá máxima urgencia al proyecto de Ley Humanitaria, que busca que reos que tengan más de 75 años, que hayan cumplido la mitad de su pena y que estén en riesgo inminente de muerte o que sufran de una invalidez total, puedan acceder al arresto domiciliario total.
El anuncio fue asumido como un gesto hacia el oficialismo, luego de que un grupo de senadores presentara un requerimiento ante el Tribunal Constitucional (TC) para que el proyecto “pueda incorporar a todos los mayores de 75 años que hayan tenido una buena conducta adentro del penal, tengan bajos factores de riesgo acreditados por Gendarmería”.
Aunque el requerimiento del oficialismo ante el TC fue entendido como una medida para que los condenados por violaciones a los derechos humanos puedan acceder al beneficio, el senador Francisco Chahuán (RN) aseguró a CNN Chile que la medida no fue presentada “en favor de determinados condenados, sino que en favor de las personas mayores de 75 años, que tengan buena conducta, que tengan baja peligrosidad y que tengan una enfermedad basal”.
De acuerdo al parlamentario, existen 122 personas que cumplen dichas condiciones en distintos recintos penitenciarios.
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Llama a leer requerimiento
Esta jornada, la ministra vocera de Gobierno, Karla Rubilar, explicó que el estándar establecido por el Gobierno para acceder al beneficio no incluye a quienes hayan cometido delitos graves como los de lesa humanidad, homicidios y violaciones. “Por lo tanto, no hay ninguna discriminación arbitraria”, dijo la secretaria de Estado.
Sin embargo, Chahuán respondió que “el Gobierno no ha entendido nada o no ha leído el requerimiento, o no ha leído las minutas porque el requerimiento en ningún caso habla de los delitos de lesa humanidad; el requerimiento habla de los condenados mayores de 75 años”.
“Por supuesto que es un avance que le hayan puesto urgencia al proyecto de Ley Humanitaria, pero acá estamos hablando de una cosa completamente distinta, estamos hablado de los mayores de 75 años que pueden haber sido condenados hace cinco o diez años y que por algún tipo de delito distinto a los de lesa humanidad, pero que estén en condiciones sanitarias complejas frente a una crisis sanitaria como la que estamos viviendo, por lo tanto el llamado que le quiero hacer al Gobierno es que lea el requerimiento”.
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