Llamó la atención esta semana la dureza del Gobierno para responder a la ministra argentina Patricia Bullrich, quien nombró a Chile en la lista de países donde habría presencia del grupo terrorista Hezbollah.
Porque, en cambio, la respuesta al venezolano Nicolás Maduro, quien culpó al fallecido presidente Piñera del ingreso del Tren de Aragua a Chile, pareció “débil”, como dijo el ex embajador José Rodríguez Elizondo.
Esta “diferencia de trato” podría explicarse por la mayor sintonía ideológica del gobierno chileno con la Venezuela de Maduro que con la Argentina de Milei. Pero también puede ser una “táctica”.
Es que Chile necesita que Venezuela reciba a los venezolanos que están con orden de expulsión y que el gobierno de Maduro no acepta de vuelta.
Esta misma semana, la ministra Carolina Tohá anunció, con esperanza en la voz, que Venezuela aceptaría en las próximas semanas un primer vuelo con 150 expulsados. El Gobierno quiere que sea el comienzo de un proceso sistemático.
El problema es que son más de 10 mil los venezolanos a expulsar, según informó el diputado Vlado Mirosevic.
Hagamos la matemática. Con un vuelo al mes, siendo optimistas, nos tomaría casi 6 años repatriarlos a todos. Y para peor, el Gobierno reconoció que se sabe poco de en qué están esas miles de personas. Uno de ellos participó en el asesinato al teniente de Carabineros Emmanuel Sánchez.
Puede ser que el Gobierno no quiera enfadar a Maduro para que abra de una buena vez su frontera. Pero la estrategia se queda muy corta. Expulsar de a 150 en 150 es como tomar agua con el dedo. Y eso no calmará la sed de justicia que sufren los chilenos.
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