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La Contraloría General de la República llevó a cabo una auditoría del proceso de otorgamiento de las pensiones de gracia a personas afectadas por manifestaciones durante el estallido. El informe, divulgado el pasado jueves, reveló que 58 de 419 beneficiarios tienen antecedentes y condenas por delitos como abuso sexual, homicidio, producción de material pornográfico infantil, entre otros. En entrevista con CNN Chile, el diputado de la Unión Demócrata Independiente (UDI), Juan Antonio Coloma, afirmó que “aquí hay personas que no tienen ningún tipo de lesión“, por lo que “absolutamente, todas las personas que tienen antecedentes penales” deberían ver revocadas sus pensiones a pesar de haber sufrido violaciones a los derechos humanos.
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