El director ejecutivo de la Corporación Santiago 2023, Harold Mayne-Nicholls conversó con CNN Chile luego de que el organismo se querellara por el mal uso de recursos en un convenio publicitario con Copec, en el marco de los Juegos Panamericanos y Parapanamericanos.
En concreto, la denuncia acusa que de los 689 vehículos utilizados en el evento deportivo, había 150 placas patentes que estaban fuera del listado de autos oficiales, los que cargaron cerca de $55 millones en bencina.
“Después de los Juegos pedimos un balance del gasto general en combustible y cuántos autos cargaron”, dijo. De los 85o vehículos, “no nos calzó (la cifra), pedimos la información y ahí detectamos que había 150 autos que no estaban incorporados dentro de lo que teníamos que prestar el servicio”.
“Más que eso no sabemos, no tenemos una información precisa de qué fue lo que pasó, solo sabemos que 150 autos cargaron combustible sin estar registrados en nuestros libros”, precisó Mayne-Nicholls.
De todas maneras, aclaró que “no es que circuló dinero y se perdió, tampoco es dinero fiscal, ni que lo haya aportado el Estado. Esto es un canje publicitario con Copec, pero de cualquier manera quiero saber exactamente qué es lo que pasó, me parece que es lo que corresponde”.
Consultado sobre quién sería el eventual responsable de cargar bencina, el director de la Corporación respondió que no sabe y que “ese detalle es el que nos gustaría que la Justicia nos aclare”.
Por otro lado, fue enfático en señalar que “no se excedió” el monto destinado en el convenio –$575.400.000-, “pero no obsta que tengamos que investigar por qué gastamos esos $55 millones”.
Así las cosas, el director de Santiago 2023 remarcó que aún tienen trabajo por hacer tras los Panamericanos y Parapanamericanos, y que uno de ellos es “cuidar al máximo todo lo que hizo Santiago 2023. En eso están todos los recursos y todos los activos que se produjeron y que se materializaron durante los Juegos”.
Los hechos
Fue este miércoles cuando la Corporación Santiago 2023 dio a conocer que había presentado una denuncia por una “grave irregularidad interna” en el marco de los contratos de auspicio suscritos por Copec durante los Juegos Panamericanos y Parapanamericanos.
Y es que tras supervisar los kilometrajes recorridos y el consumo de combustible de todos los vehículos utilizados durante el evento deportivo –689 entre autos, van, buses y minibuses-, dieron cuenta que 150 patentes estaban fuera del listado de autos oficiales.
La información fue comunicada a través de una declaración pública, donde señalaron que el contrato con Copec “tenía como contraprestación el canje de combustible por un monto total de $575.400.000″, lo que equivale a US$ 700.00.
Además, explicaron que para supervisar dichos kilometrajes y el consumo de combustible, se solicitó a fines de 2023 a Copec una base de datos general con toda la información de las cargas de combustible, datos que fueron el 4 de enero.
“Con la información recibida se inició el análisis de cada uno de los más de 7.000 registros de carga, encontrándonos con que 150 placas patentes aparecían fuera del listado de los vehículos oficiales”. Tras ello, la Corporación pidió a la empresa el envío de “información de las personas o del usuario que incluyó estas patentes en el sistema y les autorizó la carga de combustible”.
El resultado de dicha investigación arrojó que el responsable del consumo de combustible por parte de 150 vehículos no oficiales -y que alcanzó la suma de $55.241.929 entre octubre y noviembre de 2023-, “fue una misma persona, funcionaria de la Corporación, y quien dejó de prestar funciones a fines de diciembre de 2023″.
Por ello es que Santiago 2023 decidió presentar la denuncia “aportando la información disponible a esa fecha y solicitando, entre otras diligencias, la citación a declarar a todos quienes se estime necesario”.
En los próximos días, la denuncia se acogerá a tramitación y se designará un fiscal a cargo. Tras ello, Santiago 2023 señala que evaluará la presentación de una querella criminal, conforme a lo que arrojen las diligencias investigativas tanto de parte de la Fiscalía como de la Corporación.
De todas maneras, aclaran que “al tratarse de un canje publicitario con una empresa privada, no están involucrados en este hecho dineros aportados por el Estado de Chile”.
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