En estos días la ministra de Educación recorre el país. Entre el lunes y hoy, ha difundido actividades en 7 ciudades, reuniéndose con familias para hablar sobre la Ley de Inclusión. Hasta ahí todo bien. Lo que llama la atención es que todas las actividades, sin ninguna excepción, son con familias descontentas, que reclaman que sus hijos no quedaron en sus colegios de preferencia.
Sin embargo, las cifras oficiales del Mineduc dicen que el 82% de los estudiantes sí fue admitido en alguna de sus preferencias, y el 59% quedó en su primera opción. La ministra dice que quiere “escuchar a los padres”, pero ignora la realidad y la experiencia de la mayoría de las familias, según los datos del mismo ministerio que ella encabeza.
Es obvio que si hay un colegio con 50 cupos y 100 postulantes, la mitad de ellos quedará fuera. Es perfectamente válido debatir sobre si esa decisión –quiénes entran y quiénes no- debe hacerse mediante un algoritmo, por selección del colegio o por criterios como las notas de los postulantes. Pero aquí no hay magia. En cualquiera de esos casos habrá familias conformes, las que queden dentro, y otras frustradas, las que queden fuera.
El gobierno tiene todo el derecho a defender sus razones para cambiar el sistema de admisión. Lo que no es serio es escuchar y difundir sólo algunas historias, y hacer como si todas las demás -la mayoría, según las cifras oficiales- simplemente no existieran.
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