Sabemos que Chile es un país generoso con quienes cometen delitos de cuello y corbata. La última prueba la tenemos en el Caso Corpesca, donde el ex gerente general del holding confesó haber sobornado a dos parlamentarios para beneficiar los intereses de la empresa.
En cualquier país que se tome en serio la probidad pública, ese ex gerente iría a la cárcel. Pero en Chile, ese no es el caso. La condena que negoció Francisco Mujica fue de 541 días remitidos por cada caso.
Eso cuesta comprar a un parlamentario en Chile: 541 días remitidos.
De la empresa, ni hablar. Corpesca, beneficiada con un regalo regulatorio en la Ley de Pesca, arriesga una multa de mil millones de pesos. Para tener una idea de lo ridículo de la sanción, sólo digamos que las utilidades del último trimestre de la empresa son 11 mil millones. O sea, con apenas 8 días de ganancias, la multa ya está saldada.
Y esas debilidades se repiten en casi todos los delitos que involucran al poder económico: colusiones que hasta hace poco ni siquiera eran delito, millonarios fraudes con penas ridículas, y una legislación muy laxa en temas como el uso de información privilegiada.
Cuando creemos de verdad que el libre mercado, la competencia y la probidad son bienes relevantes, la letra y la práctica de la ley deben probar ese punto. En Chile, en demasiados casos nos quedamos sólo en frases vacías y en discursos para la galería.
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